viernes, noviembre 22, 2024
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    Las prisiones en la República Dominicana albergan casi 10,000 reclusos por encima de su capacidad.

    Aunque el hacinamiento en las cárceles dominicanas es un tema ampliamente discutido, cuantificar el alcance de esta superpoblación no ha sido una tarea que muchos emprendan con frecuencia.

    Las estadísticas proporcionadas por las autoridades penitenciarias dominicanas indican un total de 26,396 reclusos a enero de este año. Sin embargo, al no disponer de una cifra oficial (aunque fue solicitada y no recibida), se pueden consultar los informes de situación penitenciaria publicados por la Oficina Nacional de la Defensa Pública de la República Dominicana para obtener información.

    Estos informes afirman que la capacidad total de reclusos es de 16.564 en un total de 49 prisiones. Esto resulta en una diferencia de 9.832 reclusos por encima de la capacidad de admisión del sistema, lo que corresponde a un porcentaje del 59,36%.

    En el penal de La Victoria antes del incendio de marzo, que provocó el traslado de internos, la población excedía en un 224.11 % su capacidad de 2,103 personas, llegando a tener 6,816 internos en enero. Tras el incendio, se trasladaron más de 1,400 hombres como medida temporal, según la Procuraduría General de la República.

    El Centro de Privación de Libertad (CPL) El Seibo está severamente hacinado con 877 reclusos en enero, a pesar de que su capacidad es de 248, operando al 254,63% de su capacidad.

    De manera similar, las cárceles de Santiago Rodríguez y Operaciones Especiales están experimentando porcentajes de hacinamiento aún mayores.

    El impacto de este hacinamiento se destaca en el «Informe de las condiciones de detención y de prisión 2022» de Defensa Pública, destacando las nefastas consecuencias para la salud y las condiciones inhumanas que soportan los reclusos, como dormir en el suelo por falta de colchones.

    Otros centros penitenciarios que enfrentan situaciones similares de malas condiciones de vida son Montecristi, La Vega, Cotuí, Nagua, Samaná, Departamental de San Francisco, Azua, Barahona, Neiba, entre otros, donde los problemas de salud son comunes y los internos con diversas condiciones médicas requieren asistencia de compañeros reclusos por falta de apoyo estatal.

    La Defensa Pública descubrió un número importante de internos que padecen trastornos psiquiátricos, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, VIH/SIDA, tuberculosis, asma, hepatitis, afecciones de la piel, sífilis, otras ETS, epilepsia, problemas renales, anemia falciforme, discapacidades de movilidad y discapacidad visual durante sus visitas a las.

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