En una firme declaración, Amnistía Internacional ha levantado su voz este martes exigiendo al Gobierno dominicano que ponga fin a las violaciones de derechos humanos dirigidas hacia personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, las cuales han sido etiquetadas como racistas por la organización.

En una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en conjunto con otras seis organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunciaron que estas políticas migratorias están fundamentadas en la discriminación racial, generando efectos discriminatorios que conducen a la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.

«El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional», destacó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Estas expulsiones masivas «constituyen una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, poniendo en peligro la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar», enfatizó.

La suspensión de todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha tenido consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria», añadió Piquer.

La carta destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de políticas migratorias discriminatorias, principalmente detenciones y expulsiones colectivas, que incluyen a menores y mujeres embarazadas y puérperas.

Las organizaciones instan a las autoridades a garantizar que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo sin discriminación, y a reanudar las vías legales de entrada y permanencia para personas trabajadoras, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una residencia legal en el país.

Amnistía Internacional también exige que las autoridades investiguen las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas, y que se abstengan de detener y deportar a mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, garantizando su derecho a defender los derechos humanos.

«Tenemos información sobre actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas», señala el texto.

Amnistía Internacional enfatiza que, en lugar de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han promovido discursos y políticas que las discriminan.

Para Piquer, «en este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos».