Desde el pasado lunes, el presidente Luis Abinader dio inicio a lo que definió como una “nueva etapa” de su gestión gubernamental, marcada por cambios y rotaciones en la dirección de varias instituciones del Estado, con el propósito —según ha reiterado— de elevar la calidad de vida de la población dominicana.

En apenas los primeros seis días del año 2026, el mandatario ha emitido dos decretos mediante los cuales dispuso la destitución y reubicación de funcionarios que encabezaban dependencias del Poder Ejecutivo, algunas de ellas cuestionadas de forma reiterada por sectores de la oposición y organizaciones sociales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Uno de los movimientos más relevantes se produjo en la Dirección de Desarrollo Social Supérate, donde Abinader designó a Mayra Jiménez en sustitución de Gloria Reyes, quien ocupaba el cargo desde el 15 de junio de 2021. No obstante, el cambio fue presentado como un enroque, ya que Reyes pasó a asumir la cartera del Ministerio de la Mujer.

La institución dirigida por Reyes estuvo envuelta en múltiples denuncias relacionadas con supuestas clonaciones de tarjetas utilizadas para la entrega de ayudas económicas a personas de escasos recursos, así como fraudes e ineficiencias en la distribución de los beneficios sociales.

En marzo de 2022 salió a la luz una estafa masiva organizada por comerciantes, que afectó a entre 30,000 y 40,000 beneficiarios y fue estimada en unos RD$100 millones. En ese momento, el presidente Abinader aseguró que los responsables enfrentarían la justicia. Sin embargo, en 2023 continuaron registrándose casos de clonaciones y fraudes, incluyendo la incautación de 1,860 tarjetas clonadas en el municipio Santo Domingo Norte.

Más recientemente, el 6 de diciembre de 2024, miles de ciudadanos denunciaron haber quedado a la espera de personal de Supérate que había anunciado la entrega de RD$1,500 con motivo de las festividades navideñas. Tras horas de filas sin recibir asistencia, las autoridades informaron que la entrega sería reprogramada.

Ante los cuestionamientos, Gloria Reyes defendió su gestión el 4 de marzo de 2022, asegurando que actuó con respeto al erario público. “Nosotros no usamos a los pobres como clientela política; los acompañamos a creer en sí mismos y a superar sus limitaciones, creando movilidad social y económica”, afirmó entonces.

Cambios en el Gabinete de Políticas Sociales

Otro de los ajustes ordenados por el mandatario se produjo en el Gabinete de Políticas Sociales, donde Geonilda Vásquez fue designada en sustitución de Tony Frank Peña Guaba, quien ocupaba el cargo desde el inicio del primer período presidencial en 2020. Su salida, formalizada mediante el decreto 2-26, se produce tras casi seis años de gestión marcados por diversos señalamientos.

Entre las irregularidades atribuidas a la administración de Peña Guaba figura un proceso de licitación realizado en diciembre de 2020 por un monto de RD$116,216,101.04, el cual no habría cumplido con los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Dichos fondos estaban destinados al pago de artistas que amenizaron actividades navideñas.

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), realizada en 2023, determinó que alrededor de RD$55.4 millones se ejecutaron sin observar plenamente los requisitos de transparencia. Además, el informe identificó anomalías en contrataciones para reparación y mantenimiento de vehículos por RD$1,442,306.04, así como inconsistencias en el registro de nóminas, de las cuales solo el 60.76 % fue cargado al portal transaccional correspondiente.

Los hallazgos también incluyen la falta de registro de 23 vehículos en el Sistema de Inventario, en violación de las normas de control interno, y deficiencias en el control del mobiliario institucional, cuyos códigos no coinciden con los registros oficiales ni reflejan las depreciaciones acumuladas.

Con estos movimientos, el presidente Abinader busca enviar una señal de reestructuración y control en áreas sensibles del Estado, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia continúan siendo demandas centrales de la ciudadanía.