El Ministerio Público ha puesto en marcha la «Operación Lobo», una contundente acción contra una compleja estructura delictiva que se valía de la distribución de sobornos. El objetivo de esta red era agenciarse y mantener lucrativos contratos de seguridad privada dentro de diversas instituciones del Estado.
La operación, que fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, culminó con la realización de quince allanamientos distribuidos estratégicamente entre el Distrito Nacional y Santiago. En el despliegue participaron veintiséis fiscales de los órganos de investigación, quienes contaron con el apoyo crucial de ciento ochenta y nueve agentes de la Policía Nacional.
Esta trama ilícita afectó a entidades clave como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Las investigaciones que condujeron a esta intervención se iniciaron gracias a una denuncia oportuna enviada al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la cual es dirigida por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Como resultado de las pesquisas iniciales, se ha logrado el arresto de catorce personas vinculadas a esta red criminal.
La Dirección General de Persecución y la Pepca han asegurado que las líneas de investigación prosiguen su curso con la rigurosidad y la visión integral que la gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, promueve para combatir la criminalidad y el delito en todas sus facetas. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público proceda a depositar la solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta organización delictiva, en lo que representa un paso firme en la lucha contra la corrupción.