sábado, julio 27, 2024
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    El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantiene medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez en la Operación Medusa

    En una extensa audiencia que duró más de ocho horas, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, liderado por el juez Amauri Martínez, ha decidido mantener la medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en la Operación Medusa.

    La resolución del magistrado consiste en mantener el arresto domiciliario y el uso del grillete electrónico como medida preventiva. El Ministerio Público, representado por Emmanuel Ramírez, respaldó la decisión argumentando que se demostró que el grillete no afecta físicamente al exprocurador, contradiciendo las afirmaciones previas de este. Además, indicaron que los presupuestos presentados por Rodríguez no aportaron novedades significativas al caso.

    En relación con las críticas de un organismo de la ONU que denunciaba la detención como arbitraria, Ramírez enfatizó que dicha opinión no tiene vinculación alguna con los tribunales de la República Dominicana.

    No obstante, la defensa de Jean Alain Rodríguez, representada por Nelly Rivas, expresó su inconformidad con la decisión del juez y anunció que apelarán, alegando que sí presentaron nuevos presupuestos que no fueron considerados.

    En un giro relacionado, la audiencia para la solicitud de variación de medida de coerción de Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector del Departamento de Tecnología de la Información de la Procuraduría General de la República, también involucrado en la Operación Medusa, fue aplazada hasta el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana. El motivo del aplazamiento fue la falta de citación adecuada a la Fundación Nobel para este proceso.

    Cabe recordar que Jean Alain Rodríguez es señalado como la cabeza de una estructura de corrupción en el expediente de 12,274 páginas del Ministerio Público, relacionado con la Operación Medusa. En total, 41 personas físicas y 22 empresas enfrentan acusaciones que incluyen funcionarios de coalición, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

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