El Ministerio Público tiene hasta el mes de diciembre para depositar la acusación formal a los 20 involucrados en la presunta estafa al Estado que asciende a más de 19,000 millones de pesos, cuya red fue desmantelada a través de la Operación Calamar y cuyos principales señalados son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Por declarar complejo el expediente de Operación Calamar, lo que implica un aumento de los plazos, en su resolución número 0670-2023-SMDC-00535, de medidas de coerción, la jueza otorgó ocho meses al órgano acusador para que concluya la investigación y someta la acusación formal en contra de los señalados en el alegado fraude a las cosas públicas y a varias familias.
La magistrada Kenya Romero, de la Oficina de Atención Peramente del Distrito Nacional, dictó medida de coerción contra los veinte involucrados, para la mayoría de ellos arresto domiciliario, el 4 de abril, día en el que, según abogados, empieza a correr el plazo de los ocho meses, conteo que incluye los días feriados. Solo envió a prisión a Guerrero y a Peralta.
Los imputados, además de los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, y el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También, los abogados Ángel Lockward y Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, los hermanos Ana Linda Fernández y Emir José Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Víctor Matías Encarnación.
