La República Dominicana vive hoy una realidad económica que genera preocupación en amplios sectores de la sociedad: el creciente nivel de endeudamiento público durante la gestión del presidente Luis Abinader.

Desde el año 2020 hasta la fecha, el Gobierno ha recurrido constantemente a préstamos internacionales y emisiones de bonos para sostener el gasto público, enfrentar compromisos financieros heredados, cubrir déficits presupuestarios y financiar programas sociales e inversiones estatales. Las cifras oficiales y diversos análisis económicos muestran que la deuda pública dominicana ha aumentado de manera considerable en estos años.

Es cierto que el país recibió una economía golpeada por la pandemia del COVID-19, una crisis mundial que obligó a muchos gobiernos a endeudarse para evitar el colapso económico. También es verdad que gran parte de esos recursos fueron utilizados para vacunas, subsidios, ayudas sociales y estabilidad financiera. Pero igualmente es válido preguntarse: ¿hasta qué punto puede seguir creciendo la deuda sin afectar el futuro de las próximas generaciones?

Diversos informes señalan que entre 2020 y 2025 la deuda consolidada del Estado aumentó en miles de millones de dólares, convirtiendo esta administración en una de las que más recursos ha manejado en la historia reciente del país. Mientras el Gobierno asegura que la deuda ha disminuido en proporción al Producto Interno Bruto y que los organismos internacionales consideran sostenible la situación fiscal, sectores opositores y economistas advierten sobre el peso que tendrán los intereses y pagos futuros sobre el presupuesto nacional.

El problema no es únicamente cuánto se toma prestado, sino en qué se invierte cada peso adquirido mediante endeudamiento. El pueblo dominicano necesita ver resultados tangibles: mejores hospitales, carreteras terminadas, educación de calidad, reducción del costo de la vida, empleos dignos y servicios públicos eficientes. Cuando la población observa apagones, inflación, inseguridad y dificultades económicas, surge inevitablemente la percepción de que el dinero prestado no se refleja en mejoras directas para la ciudadanía.

La preocupación aumenta porque una parte importante del presupuesto nacional ya se destina al pago de intereses y amortizaciones de deuda. Eso significa menos recursos disponibles para salud, educación, vivienda y obras públicas. Cada nuevo préstamo representa una carga que, tarde o temprano, terminarán pagando los contribuyentes.

Sin embargo, el debate debe hacerse con responsabilidad y sin fanatismos políticos. Todos los gobiernos dominicanos han recurrido históricamente al endeudamiento. La diferencia está en la transparencia, la eficiencia y la capacidad de transformar esos recursos en desarrollo real para la nación.

Hoy más que nunca, la República Dominicana necesita disciplina fiscal, planificación y una política económica que reduzca la dependencia de los préstamos. Porque gobernar no solo significa administrar el presente, sino también proteger el futuro económico del país.