El Ministerio Público aseguró este miércoles que posee “elementos sólidos” para obtener una condena contra los diez imputados en el presunto fraude superior a los RD$200 millones en perjuicio del banco BHD, aunque la investigación formal apenas inicia.
Tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción, la procuradora de corte Lewina Tavárez informó que el expediente correspondiente a los primeros seis detenidos fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente, con el objetivo de unificar el proceso judicial.
La representante del órgano acusador explicó además que la audiencia fue aplazada hasta el próximo viernes para incorporar al proceso al señalado cabecilla de la supuesta estructura delictiva, quien fue arrestado el pasado lunes.
Tavárez, directora nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabeza las pesquisas y confirmó que la entidad financiera afectada realizó inicialmente una investigación interna tras detectar acreditaciones irregulares en varias cuentas.
El banco aclaró previamente que los depósitos de los clientes no resultaron afectados por la situación.
Imputados en el caso
De acuerdo con la acusación, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del BHD, habría realizado acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales. Las autoridades lo señalan como el presunto líder del grupo sometido a la justicia.
Junto a él figuran como imputados Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Defensa rechaza prisión preventiva
Durante la audiencia, el abogado Franklin Amarante Martínez, representante legal de uno de los detenidos —cuya identidad no reveló—, sostuvo que su defendido posee suficiente arraigo familiar y laboral, por lo que considera improcedente la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.
El jurista afirmó que su cliente carece de antecedentes penales y aseguró que “es una víctima más del proceso”, alegando además que no adquirió préstamos ni participó en las operaciones investigadas.
El Ministerio Público solicitó al tribunal declarar el caso complejo e imponer un año de prisión preventiva contra los imputados, mientras continúan las investigaciones sobre la presunta red de fraude financiero.
