Cuando aún está en curso el caso de estafa encabezado por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, surge un nuevo escándalo que afecta a más de 120 víctimas, tanto dominicanas como extranjeras. Se trata del «Caso Guepardo», una operación delictiva llevada a cabo a través de la empresa Novasco Real, que habría defraudado a sus clientes con millones de pesos.

Este nuevo fraude pone en evidencia el crecimiento de las estafas inmobiliarias en la República Dominicana, una problemática que afecta a quienes buscan invertir en propiedades o adquirir una vivienda propia.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, señaladas como las cabecillas de la estructura criminal. Ambas enfrentan cargos por estafa electrónica y lavado de activos, en un proceso que se desarrolla en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana.

Modus operandi de la estafa

Las investigaciones revelan que Nova Nolasco, socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, simuló ser la representante de una constructora de prestigio, con el objetivo de atraer inversionistas. Por su parte, Rodríguez de Moya se encargó de publicitar proyectos ficticios como «Romana Victoriana Residences» y «La Altagracia Victoriana Residences». Para generar confianza, utilizó la reconocida franquicia RE/MAX, lo que facilitó la captación de clientes.

Según el Ministerio Público, la red criminal operaba con una estrategia bien elaborada, organizando reuniones virtuales semanales para presentar un «Máster Plan» que contemplaba la construcción de 439 apartamentos y penthouses en Cumayasa, Carretera San Pedro-La Romana. Sin embargo, los terrenos en los que supuestamente se desarrollarían los proyectos permanecen vacíos.

Acciones de las autoridades

Las autoridades han emitido órdenes de captura contra Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes se encuentran prófugos. En una serie de allanamientos simultáneos, fueron incautados propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación relacionada con la estafa.

Según la fiscalía, los estafadores lograron obtener beneficios por más de 18 millones de dólares a través de esta red de fraude inmobiliario.

Impacto en el sector y llamado a endurecer penas

Este escándalo se suma a otros casos recientes de fraude inmobiliario, como el del Grupo Paceo, denunciado en el programa «Informe con Alicia Ortega», donde varias víctimas afirmaron haber invertido sus ahorros sin recibir una vivienda a cambio.

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ha alertado sobre el impacto negativo que generan estas denuncias en el mercado inmobiliario, afectando la confianza de compradores e inversionistas.

En respuesta a esta situación, el abogado César Amadeo Peralta ha instado al Congreso a aprobar el nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta 20 años de prisión para este tipo de delitos. Actualmente, la estafa está sancionada con penas de hasta dos años de cárcel, lo que, según el jurista, resulta insuficiente para disuadir a los delincuentes.

Recomendaciones para evitar ser víctima de una estafa inmobiliaria

Ante el incremento de estos fraudes, expertos recomiendan tomar medidas preventivas antes de realizar cualquier inversión inmobiliaria:

• Verificar la identidad del vendedor: Confirmar que la persona o empresa esté debidamente registrada y autorizada para operar en el sector.
• Investigar la propiedad: Solicitar documentos como títulos de propiedad, planos y permisos de construcción.
• Consultar a un abogado: Buscar asesoría legal antes de firmar contratos.
• Desconfiar de ofertas demasiado atractivas: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, es probable que sea un fraude.
• Evitar pagos adelantados sin garantías: No entregar grandes sumas de dinero sin antes haber verificado la legitimidad del proyecto.

Las autoridades continúan las investigaciones y advierten que seguirán desmantelando redes delictivas que afectan la economía y los sueños de cientos de ciudadanos que buscan adquirir una vivienda.