Durante los últimos dos años, distintos medios han revelado cómo grupos delictivos han comenzado a instalar sistemas de videovigilancia en sus comunidades, con el propósito de monitorear los movimientos de la Policía Nacional y evitar ser capturados.
Las denuncias señalan que los delincuentes colocan cámaras en puntos estratégicos, lo que no solo les permite anticiparse a la llegada de las autoridades, sino también mantenerse alerta ante posibles ataques de bandas rivales.
Hasta hace poco, se conocían cuatro casos en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el Distrito Nacional. Sin embargo, recientemente se sumó un quinto episodio, ocurrido en el sector Guachupita de Santo Domingo, donde dos jóvenes acusados de múltiples delitos se entregaron a la Policía Nacional.
Durante el operativo, los agentes identificaron al menos tres cámaras instaladas en postes de luz de la calle Ramón Matías Mella, presuntamente operadas por una agrupación criminal. Los detenidos fueron identificados como Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez (alias “Mazazo”), de 21, quienes enfrentan tres órdenes de arresto, incluyendo una por homicidio.
En redes sociales circula un video en el que se observa a ambos jóvenes escondidos en una habitación, con un arma de fuego y observando los movimientos de los agentes a través de las cámaras. Vecinos del sector afirmaron que, pese a los arrestos, los dispositivos continúan instalados y activos.
“Después de que se los llevaron, ningún policía ha vuelto a quitar las cámaras, y ellos saben para qué sirven”, comentó un residente bajo anonimato.
La situación ha generado preocupación en la comunidad, que denuncia la falta de patrullaje y la creciente sensación de inseguridad.
De acuerdo con el fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, esta práctica se ha extendido en varias zonas del país. “Ahora los delincuentes instalan cámaras en las vías públicas y pagan a los propietarios para que vigilen las calles y les adviertan sobre la presencia policial”, explicó.
El 31 de mayo pasado, un operativo conjunto entre la DNCD y la Policía Nacional en el Ensanche Capotillo desmanteló un sistema similar de videovigilancia utilizado por una red delictiva para monitorear a las autoridades.
Por su parte, el exministro de Interior y Policía, Joel Santos, reconoció en agosto de 2024 que “diferentes cámaras han sido instaladas en varios puntos del país por parte del crimen organizado”. Sin embargo, pese a los esfuerzos, esta práctica continúa expandiéndose en los barrios, representando un desafío para las autoridades en su lucha contra la delincuencia.
