La resolución fue suscrita por el canciller Roberto Álvarez un día antes de que el presidente Abinader anunciara, junto al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, la autorización para el uso de los recintos militares y civiles mencionados.
Los detalles del acuerdo que autorizó a aeronaves de los Estados Unidos a utilizar espacios en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fueron clasificados como confidenciales apenas un día antes de su anuncio oficial por el presidente Luis Abinader.
La información salió a relucir tras una solicitud de acceso a la información pública realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), mediante la cual se requirieron las disposiciones y alcances de los permisos concedidos al gobierno estadounidense. Sin embargo, la Cancillería rechazó entregar los documentos alegando una resolución firmada el 26 de noviembre de 2025.
Según la respuesta institucional, la resolución núm. 008-2025 establece como confidenciales todos los documentos, informes, comunicaciones y piezas generadas en el marco de las conversaciones y coordinaciones entre República Dominicana y Estados Unidos relacionadas con la cooperación bilateral contra el narcotráfico.
La disposición fue suscrita por el canciller Roberto Álvarez un día antes de que el mandatario dominicano anunciara, junto al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth, la autorización para el uso de instalaciones militares y civiles del país.
La negativa oficial incluye “todos los registros y piezas procesadas en el marco de la ampliación de la cooperación bilateral antinarcótica”, amparándose en un acuerdo firmado originalmente en 1995 y ratificado en 2003. La resolución también establece que cualquier acceso interno a dichos documentos dentro del Mirex requiere autorización expresa del canciller.
Operaciones militares y apoyo logístico
De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Presidencia, Estados Unidos desplegó aviones cisterna KC-135 destinados a patrullaje y reabastecimiento aéreo, además de aeronaves de carga C-130 Hércules para evacuaciones aeromédicas, combate de incendios y asistencia en situaciones de desastre. El operativo fue vinculado oficialmente a la denominada “Operación Lanza del Sur”.
Registros periodísticos indican que, a inicios de diciembre pasado, un avión C-5 Super Galaxy aterrizó en la Base Aérea de San Isidro, mientras que un C-17 Globemaster III llegó al AILA en aparentes misiones de transporte de suministros. Posteriormente, al menos seis aviones KC-135 operaron desde una base logística temporal instalada en el aeropuerto capitalino.
Defensa de la soberanía
El presidente Abinader defendió el acuerdo asegurando que no implicaba una reducción de la soberanía nacional, sino su fortalecimiento mediante el refuerzo del “anillo de protección aérea y marítima” y una mayor capacidad de respuesta frente al crimen transnacional.
Según explicó, el pacto permitiría a la Armada Dominicana acceder a información especializada y tecnología avanzada para mejorar las labores de vigilancia y seguridad.
Previamente, en junio de 2025, ambos gobiernos renovaron un memorando sobre el sistema CSII, mecanismo que facilita el intercambio de datos de radares para el rastreo terrestre y marítimo. El documento contempla que, en caso de integración total de los radares dominicanos al sistema, Estados Unidos podría instalar equipos de red en territorio nacional, mientras el Estado dominicano asumiría el suministro de instalaciones, electricidad y acceso para mantenimiento.
El pasado 21 de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos informó a través de la red social X la finalización del apoyo aéreo en territorio dominicano, tras concluir operaciones multinacionales contra el tráfico ilícito en el Caribe. La salida de las aeronaves se produjo pocos días antes de que expirara el permiso otorgado por el Poder Ejecutivo.
