En un período de apenas seis días, comprendido entre el 6 y el 11 de mayo, las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) cerraron o desmantelaron cinco estaciones de venta de combustibles por distintas irregularidades, reflejando un incremento en las acciones de fiscalización del sector hidrocarburos a nivel nacional.
De acuerdo con los reportes oficiales, Montecristi encabeza la lista de provincias con mayor número de casos registrados. El miércoles 6 de mayo, el MICM informó el cierre de una estación ubicada en el municipio de Castañuelas, luego de comprobarse que comercializaba gasolina prémium que no cumplía con los estándares mínimos de calidad exigidos.
Las estadísticas oficiales evidencian que el mercado de hidrocarburos en la República Dominicana enfrenta importantes desafíos vinculados a actividades ilícitas. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, las autoridades detectaron 61 infracciones en el sector, según datos del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Dentro de ese total, la venta irregular de hidrocarburos se posiciona como la principal ilegalidad identificada, con 17 casos registrados, equivalentes al 27.9 % de las infracciones detectadas durante el período analizado.
Asimismo, el almacenamiento ilegal y el trasiego de combustibles figuran entre las prácticas más recurrentes. El Ceccom reportó siete casos de almacenamiento irregular, representando el 11.5 % de los ilícitos, mientras que el trasiego ilegal alcanzó cinco casos, equivalentes al 8.2 %.
Cronología de cierres
Como parte de los operativos más recientes, el MICM anunció el pasado domingo el cierre de una estación de expendio de combustibles en el distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan. Durante la intervención fueron decomisados dos tanques metálicos soterrados, cada uno con capacidad para almacenar 5,000 galones de carburante.
Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos de inspección y control para garantizar la calidad de los combustibles comercializados, así como combatir las prácticas ilegales que afectan la seguridad, la economía formal y la protección de los consumidores.
