Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su respaldo a la Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.
Los artículos anulados —el 210 de la Ley 285 y el 260 de la Ley 3483— establecían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente para oficiales y alistados por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el lugar donde ocurrieran. Según la organización, estas normas, heredadas de la época trujillista, seguían vigentes tanto en el papel como en la práctica, vulnerando los derechos fundamentales de los miembros homosexuales de las instituciones castrenses.
Participación Ciudadana destacó que el Tribunal reafirma un principio constitucional esencial: ninguna autoridad o particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, reconocida como parte de la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
La entidad señaló que la sentencia restituye la supremacía constitucional frente a disposiciones “anacrónicas y discriminatorias” que legitimaron durante décadas prácticas de desigualdad estructural dentro de la carrera policial y militar.
“El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, evitando que se sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó el movimiento.
Asimismo, destacó que la decisión fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar la adecuación de reglamentos y políticas internas en los cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados al mandato de igualdad y no discriminación. Subrayó que el Tribunal identificó con claridad que las normas anuladas no estaban vinculadas a la disciplina institucional, sino a prácticas históricas de estigmatización e intromisión en la vida privada.
La organización recordó que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante y obligatorio para todos los poderes del Estado y los particulares, por lo que exhortó a las entidades del sector seguridad y defensa a implementar de inmediato las adecuaciones correspondientes.
“Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó Participación Ciudadana.
El movimiento también instó a la población y a los medios de comunicación a ejercer un rol crítico y responsable, evitando reproducir desinformación, titulares amarillistas o reacciones emotivas que distorsionen el verdadero alcance de la sentencia.
En un contexto marcado por bulos y noticias falsas, la organización recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía accede a información veraz y analiza los contenidos más allá de los titulares.
