La defensa técnica de Jochi Gómez, implicado en el controversial caso Camaleón, ha manifestado su rechazo a la acusación de terrorismo presentada por el Ministerio Público. Carlos Balcácer, abogado del acusado, declaró ante los medios de comunicación que dicha acusación «no procede» y carece de los elementos legales necesarios.
Durante su llegada a la Procuraduría General de la República, Balcácer argumentó que el caso no cumple con los requisitos establecidos por la ley para tipificar los actos de su cliente como terrorismo. El jurista hizo énfasis en que «cada infracción tiene sus propios elementos característicos» y que en el caso de Gómez, estos no se alinean con los que define la ley antiterrorista.
Balcácer citó un ejemplo para sustentar su postura: «Ni siquiera en el caso del joven que lanzó una bomba en el Metro se conjugan los elementos necesarios para configurar terrorismo, ni mucho menos acciones como apagar semáforos». Según su criterio, lo más cercano sería una acusación de «obstrucción al tránsito, pero no de terrorismo».
El abogado explicó que el terrorismo requiere de una estructura organizada, con financiamiento específico y un propósito claro, algo que no se refleja en la acusación contra su cliente.
Cuestionamientos sobre la «complejidad» del caso
Balcácer también señaló que las autoridades han dado al caso una «complejidad» que, a su juicio, no corresponde con la realidad. Según el defensor, lo único que ha hecho Jochi Gómez es proporcionar, a través de tecnología, más del porcentaje de dinero que el Estado había abonado, y señaló que los temas de seguridad, que también se mencionan, estaban plasmados en contratos firmados tanto por la pasada como por la actual administración gubernamental.
Interrogatorio en curso
El segundo interrogatorio de Gómez, que comenzó alrededor de las siete de la noche, se desarrolló con la presencia de su defensa, luego de más de dos horas de espera.
Jochi Gómez está acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que operaba mediante desfalco, estafa al Estado, falsificación, contrabando, sabotaje de infraestructura crítica, entre otros delitos graves. Junto a él, también están detenidos el exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) y otras cinco personas.
