En un operativo llevado a cabo el pasado domingo, las autoridades carcelarias anunciaron la confiscación de 12 antenas de internet satelital en la cárcel de La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte. Este descubrimiento, realizado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), reveló una red clandestina que se dedicaba a cometer estafas y otros delitos virtuales desde el interior del centro penitenciario.
Según informes de la DGSPC, las antenas, marca Starlink, junto con seis repetidores de señal, fueron encontradas escondidas en la azotea del recinto, camufladas dentro de los tinacos y cajas cubiertas de tela. Esta confiscación se llevó a cabo tras una labor de inteligencia que permitió detectar la red ilegal.
Paralelamente, en la provincia de Santiago, se ha revelado que el más reciente asesinato de un abogado podría haber sido ordenado por un recluso desde el interior de una prisión. Según fuentes judiciales consultadas por Diario Libre, Nicolás Cabrera Toribio, acusado en el caso del abogado Santiago Reyes, conocido como «Chaguito», habría declarado a los investigadores haber sido contratado por un interno para llevar a cabo el crimen.
Cabrera Toribio fue detenido el pasado viernes por agentes de la Policía Nacional en una cabaña ubicada cerca de la autopista Joaquín Balaguer, tramo Villa González-Santiago. Se espera que sea presentado ante el juez de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago este próximo jueves.
El presidente Luis Abinader abordó estos temas durante la celebración de LA Semanal el lunes, reconociendo la necesidad de destinar más recursos para mejorar la seguridad en las cárceles dominicanas. Además, anunció la próxima finalización de la readecuación de la cárcel Las Parras o La Nueva Victoria, que ha estado abandonada durante seis años después de su inauguración en 2018.
Abinader señaló que una vez que un porcentaje de los reclusos de La Victoria sean trasladados a Las Parras, se podrán realizar mejoras en otras cárceles del país. Sin embargo, la puesta en funcionamiento de Las Parras ha sido retrasada debido a irregularidades en su construcción, siendo parte de una investigación por corrupción que involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y otros exservidores públicos de la Procuraduría.
