La Procuraduría General de la República (PGR) ha reaccionado a informes que apuntan a que el empresario Antonio Espaillat López estaría intentando traspasar bienes a su nombre, lo que ha sido interpretado por el Ministerio Público como una posible maniobra para evadir responsabilidades frente a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
Bajo la dirección de Wilson Camacho, la Dirección de Persecución ha iniciado una serie de diligencias procesales orientadas a las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, además de otras propiedades relacionadas con Espaillat. Estas acciones forman parte de una investigación en curso sobre la tragedia que dejó 232 muertos y más de 180 heridos, ocurrida el pasado 8 de abril durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el lugar.
Entre las medidas adoptadas, el órgano persecutor ha presentado oposiciones a cualquier intento de traspaso de bienes, con el objetivo de preservar los derechos de las víctimas. Una fuente cercana al proceso confirmó que se ha solicitado un impedimento para la transferencia de acciones o propiedades vinculadas al empresario, amparándose en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque aclaró que esto no implica una acusación directa por dicho delito.
“El propósito es evitar cualquier intento de ocultar patrimonio que pudiera ser utilizado como reparación a las víctimas”, señaló la fuente, explicando que la figura legal se emplea de manera administrativa para congelar temporalmente cualquier operación comercial o patrimonial relacionada con las empresas de Espaillat.
El foco principal de las investigaciones se encuentra en las sociedades comerciales relacionadas directamente con el centro de entretenimiento Jet Set, emblemático en la vida nocturna de Santo Domingo.
A pesar de que el empresario ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, el Ministerio Público ha intensificado las revisiones a la documentación legal de sus compañías, incluyendo licencias, pólizas de seguro, condiciones estructurales del local siniestrado y el cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables a este tipo de establecimientos.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), corresponde a este órgano investigar delitos, dirigir la acción penal y representar a la sociedad en estos procesos. El marco normativo también obliga a la entidad a proteger a víctimas y testigos, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y promoviendo soluciones alternativas cuando proceda.
El artículo 170 de dicha ley reafirma la autonomía del Ministerio Público en sus funciones, operando bajo principios de legalidad, jerarquía, responsabilidad y unidad de actuaciones.
