Bajo un clima de incertidumbre y crecientes cuestionamientos, el Gobierno dominicano enfrenta fuertes presiones de sectores políticos, sociales y académicos que exigen explicaciones sobre el acuerdo que permitirá la recepción mensual de aproximadamente 30 extranjeros deportados desde los Estados Unidos.
La medida, que ha generado sorpresa y debate en la opinión pública, fue uno de los temas centrales abordados este jueves durante la décima edición del Desayuno Nacional de Oración 2026, donde líderes políticos expresaron posiciones divergentes sobre el alcance del pacto.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, adoptó una postura cautelosa, aunque reconoció que la ciudadanía reclama mayor transparencia respecto a la logística y las razones de Estado que motivaron la firma del convenio.
“El canciller señalaba que se trata de algo temporal. Entiendo que tendrán que dar más detalles; la sociedad los espera”, afirmó el legislador, al indicar que los aspectos más sensibles del acuerdo solo serían conocidos por el presidente Luis Abinader y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
Debate sobre política migratoria
Durante el encuentro, De los Santos insistió en la necesidad de mantener el cumplimiento estricto de la normativa nacional.
“La migración ilegal es un fenómeno universal. Hemos solicitado que todo ciudadano extranjero que pise suelo dominicano lo haga respetando las normas establecidas dentro de nuestra política migratoria”, expresó.
Desde otra perspectiva, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, calificó el acuerdo como una decisión estratégica, aunque advirtió sobre posibles consecuencias futuras.
El dirigente político alertó que convertir a la República Dominicana en un punto de tránsito para deportados de terceros países podría sentar un precedente riesgoso, especialmente en medio de la compleja situación migratoria que enfrenta la isla.
Las críticas también surgieron desde el Congreso Nacional. El senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, expresó su rechazo frontal al convenio.
“Nunca vamos a estar de acuerdo con que seamos receptores de todo lo que no quieran en otro país, independientemente de los acuerdos realizados”, declaró.
Señalamientos del Instituto Duartiano
Las objeciones más contundentes provinieron del Instituto Duartiano. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, calificó el pacto como “excesivamente complaciente” y sostuvo que podría constituir una transgresión legal y constitucional.
Gómez Ramírez recordó que la legislación dominicana vigente contempla únicamente la recepción de ciudadanos dominicanos o extranjeros con visado autorizado, cuestionando además lo que describió como un “cambio abrupto de postura” del mandatario, quien meses atrás había descartado públicamente un acuerdo de esta naturaleza.
La entidad manifestó igualmente preocupación por la eventual participación de aeronaves y aeropuertos militares extranjeros en las operaciones vinculadas al convenio, señalando que el tema debe abrir un debate nacional por sus implicaciones en materia de soberanía.
Alcance del acuerdo
El pacto suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos corresponde a un mecanismo de cooperación migratoria y de seguridad mediante el cual el país aceptará recibir mensualmente a unos 30 ciudadanos extranjeros —no dominicanos— deportados desde territorio estadounidense.
Según lo establecido, la República Dominicana funcionará como punto de tránsito temporal hasta que dichas personas sean repatriadas hacia sus países de origen.
