Puerto Plata. – El comunicador Ángel Martínez, residente en Miami, fue arrestado el lunes 26 de mayo en esta ciudad del norte del país y este martes será trasladado al Distrito Nacional, donde deberá comparecer ante dos salas penales que lo habían declarado en rebeldía.
En primera instancia, Martínez será llevado ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde la jueza Milagros Ramírez presidirá una audiencia para evaluar el levantamiento de la rebeldía impuesta en 2021. Si el tribunal acoge la solicitud, el imputado podría quedar en libertad, siempre que se comprometa a asistir a las próximas diligencias judiciales. Sin embargo, su liberación estaría sujeta a que no existan otros cargos pendientes por parte del Ministerio Público.
La orden de arresto fue originalmente emitida por el entonces juez Vladimir Rosario García, en respuesta a una querella presentada por el dirigente político Guido Gómez Mazara, actual presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). La denuncia incluye acusaciones de difamación e injuria, así como presuntas violaciones a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Gómez Mazara alega que Martínez lo acusó de recibir fondos del narcotráfico para entregarlos al presidente Luis Abinader durante su campaña electoral, lo que motivó el inicio del proceso judicial. El acusado no compareció a ninguna de las cinco audiencias previas, incluidas las sesiones de conciliación.
Posteriormente, Martínez también deberá comparecer ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, donde se le sigue otro proceso similar.
En este caso, la acusación fue interpuesta por el diputado oficialista Sergio Moya (Goris), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien también lo señala por presunta difamación. La orden de arresto fue emitida por el juez suplente Raymundo Mejía, quien además declaró en rebeldía al imputado tras su incomparecencia reiterada, y suspendió el proceso hasta su presentación formal ante la justicia.
Esta segunda querella fue presentada el 10 de febrero de 2021 por los abogados Frank Reynaldo Fermín y Emmanuel, representantes legales del legislador Moya.
