Catorce meses después de haber asumido sus cargos, al menos 47 alcaldes en todo el país aún no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas, incumpliendo el mandato legal que establece un plazo de 30 días para realizar este trámite.
Las justificaciones ofrecidas por los ediles van desde problemas técnicos y situaciones personales hasta la simple omisión. Tal es el caso del alcalde del municipio Monción, José Napoleón Espinal, quien asumió plena responsabilidad por la falta.
“Yo soy culpable, es una dejadez mía”, admitió Espinal en declaraciones ofrecidas a la prensa. Explicó que su retraso responde, entre otras cosas, a la falta de documentación de una propiedad rural y a una yipeta que adquirió, pero que aún no está registrada a su nombre.
Para el alcalde, el incumplimiento no responde a trabas burocráticas sino a su propia inacción. “Es un tema más personal que formal. Ellos (la Cámara de Cuentas) te piden que corrijas, pero si uno no lo hace, el problema no es de ellos, es de uno. Estoy en este cargo porque me gusta ayudar a la gente, no por otra cosa”, manifestó.
En el municipio de Tábara Arriba, la situación toma otro giro. Su alcalde, Alberto Rafael Beltré, aseguró que ha enviado su declaración patrimonial en tres ocasiones, pero todas han sido rechazadas debido a supuestos errores que, según afirma, no han sido debidamente especificados por el organismo fiscalizador.
El retraso en el cumplimiento de este deber legal por parte de los funcionarios municipales pone en evidencia las debilidades en la fiscalización del patrimonio público y vuelve a encender las alarmas sobre la transparencia en la gestión local.
