Tras intensos debates y desacuerdos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) lograron un inusual consenso al unirse para aprobar la controvertida Ley 1-24, la cual establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, la medida ha desencadenado críticas generalizadas por parte de diversos sectores, que argumentan que representa una amenaza a las libertades públicas, especialmente a la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el secreto profesional de los periodistas.

Un análisis detallado de la votación en la Cámara de Diputados revela que la mayoría de los representantes del PRM, con 77 votos a favor de la nueva ley, respaldaron la iniciativa, mientras que en el PLD, 28 diputados votaron a favor y dos en contra, generando discrepancias con la postura pública del candidato presidencial Abel Martínez, quien la calificó como inconstitucional y una amenaza a la democracia.

La Fuerza del Pueblo, con doce votos a favor, respaldó la ley, a pesar de declaraciones previas de su vocero, Rafael Tobías Crespo, quien señaló que ningún organismo de inteligencia debería tener autorización legal para indagar en la vida de los ciudadanos sin una potencial violación a la ley.

Sorprendentemente, incluso bloques independientes y minoritarios, así como algunos aliados en la Alianza Opositora Rescate RD, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), expresaron su desacuerdo con la ley, considerándola inaceptable e inconstitucional.

El Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha mantenido una posición coherente al defender la legislación como un paso significativo en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, ciberamenazas y corrupción. No obstante, la controversia ha llevado a la formación de una mesa de revisión, anunciada por la vicepresidenta Raquel Peña, para analizar la normativa en respuesta a las preocupaciones expresadas por la Sociedad Dominicana de Diarios, la Iglesia católica y otros sectores.

En medio de la polémica, el arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, ha considerado la ley como un «jaque mate» a la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los ciudadanos.