El pacto anunciado el pasado miércoles entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, desató este jueves fuertes críticas por parte de dirigentes de la oposición, quienes aseguran que la medida viola la Constitución dominicana y pone en riesgo la soberanía del país.
Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, calificó como inconstitucional la autorización que permite al Departamento de Guerra estadounidense utilizar la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas militares. Señaló que, aunque el Gobierno lo presenta como cooperación antidrogas, “en realidad abre las puertas para acciones militares contra Venezuela y Colombia”.
Moreno advirtió que esta iniciativa compromete la neutralidad del país, quebranta principios constitucionales y contradice tratados internacionales que promueven la no intervención y las vías diplomáticas para la resolución de conflictos. Recordó, además, que la República Dominicana ha sido víctima de dos intervenciones militares estadounidenses, por lo que tiene “la obligación moral y política de impedir cualquier acción que facilite agresiones en la región”.
Pidió al Gobierno revertir la medida y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta: “El país no puede prestarse como plataforma de confrontación militar ni someterse a intereses ajenos”.
Frente Amplio: “Una nueva claudicación del Gobierno”
El Frente Amplio también criticó duramente la decisión del presidente Abinader, calificándola como “una nueva claudicación” frente a los intereses militares de Estados Unidos. Aseguran que la autorización viola principios esenciales del orden constitucional y abre una peligrosa brecha en materia de soberanía.
La organización recordó la sentencia TC/0315/15 del Tribunal Constitucional, que establece que acuerdos que permitan presencia militar extranjera sin supervisión dominicana clara son inconstitucionales. Subraya que estos pactos representan un riesgo directo para la independencia del Estado.
María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio, afirmó que aunque el Gobierno insista en que se trata de un permiso “limitado y temporal”, el precedente que deja es “gravísimo”.
“No se puede normalizar la entrada de fuerzas militares extranjeras bajo pretextos ambiguos. Cada concesión de territorio o facilidades militares reduce nuestra capacidad soberana”, advirtió.
El partido destacó que el país queda en una posición geopolítica delicada, especialmente en un momento de tensión entre Washington y Venezuela. Recalcó que el principio de no intervención, consagrado en el artículo 3 de la Constitución, debe prevalecer.
Fuerza del Pueblo: “Una entrega de soberanía”
Rafael Méndez, dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exdiputado, calificó la medida como una “grave violación a la soberanía nacional”, afirmando que convierte a la República Dominicana en “cabeza de playa” para operaciones militares extranjeras.
Sostuvo que el permiso otorgado bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico “se inserta en los planes de confrontación militar de Estados Unidos contra naciones suramericanas”, lo que expone al país a formar parte de una eventual agresión.
“El presidente ha cedido espacios estratégicos a quienes ya han intervenido esta nación en 1916 y 1965, y lo hace como si este territorio fuera propiedad del imperio”, expresó Méndez.
El exlegislador dijo que esta decisión hiere la memoria del expresidente Juan Bosch y de los héroes constitucionalistas, y llamó a las organizaciones sociales y al pueblo dominicano a “rechazar este acto de subordinación que coloca a la patria al servicio de intereses extranjeros”.
“La soberanía no se alquila ni se entrega jamás”, concluyó.
