domingo, mayo 26, 2024
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    Otorgan tiempo adicional al Ministerio Público para concluir la investigación en el caso Gavilán y establecen arresto domiciliario.

    El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha accedido a la solicitud presentada por el Ministerio Público, otorgándole un plazo de dos meses para finalizar las investigaciones y presentar la acusación formal contra los imputados en el caso de la Operación Gavilán.

    Con la extensión del período de investigación, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez ha decidido modificar la medida de coerción para los únicos imputados que se encontraban en prisión en relación con este caso. Estos individuos, acusados de pertenecer a una red que borró más de 16 mil registros de personas con antecedentes penales a cambio de sobornos, ahora enfrentarán una garantía económica de un millón de pesos a través de una empresa aseguradora, así como la prohibición de salir del país y la prisión domiciliaria.

    Entre los implicados se encuentran Mártires Reyes, Alfredo Mirambeaux, Rubén Darío Morbán, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana, a quienes se les impuso esta nueva medida de coerción. También están involucrados Laudelina Esther Reyes Silva, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos, a quienes se les aplicó la medida de impedimento de salida del país y una garantía económica, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

    Además, Pilar Yrenes Medina Trinidad se encuentra bajo prisión domiciliaria.

    El caso involucra a una presunta red que utilizaba su acceso a la base de datos de registros penales para eliminar registros de personas procesadas y condenadas por delitos graves, como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, entre otros.

    Según la acusación del Ministerio Público, esta red operaba a nivel nacional, ofreciendo eliminar antecedentes penales a cambio de pagos en efectivo o transferencias. También se señala que los miembros de la red integraban a familiares y personas relacionadas para realizar movimientos financieros con el dinero obtenido ilícitamente.

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