miércoles, junio 18, 2025
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    Más de 30 Diputados Incumplen Declaración de Bienes

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    Santo Domingo, R.D. – Una situación de significativa atención se vive en el Congreso Nacional de la República Dominicana, donde un considerable grupo de legisladores, tanto los recién juramentados como aquellos que ya concluyeron su período, no han cumplido con la obligatoria presentación de su declaración jurada de patrimonio. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha hecho pública la lista de estos diputados omisos, lo que ha impulsado al presidente de la Cámara de Diputados a emitir una advertencia directa sobre la posible retención de sus salarios.

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    El Desafío a la Transparencia Legislativa

    La Cámara de Cuentas, institución responsable de fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos, ha revelado que 36 diputados electos y 99 legisladores salientes se encuentran en la nómina de quienes no han cumplido con este requisito legal. La preocupación aumenta al considerar que los diputados que iniciaron su mandato hace nueve meses todavía no han presentado sus declaraciones, a pesar de que la Ley 311-14 exige que este trámite se realice dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión.

    Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ha proporcionado una aclaración sobre los 133 diputados mencionados en un comunicado inicial de la Cámara de Cuentas. Pacheco indicó que la mayoría de estos corresponden a exlegisladores. No obstante, confirmó que «alrededor de 33 o 34» de los diputados actualmente en funciones aún tienen su situación pendiente, e incluso algunos «ni siquiera han iniciado el proceso» de declaración.

    Impacto Directo en la Nómina de Julio

    La falta de acción tendrá consecuencias financieras inmediatas para los diputados que persistan en el incumplimiento. Pacheco advirtió que, conforme al reglamento interno de la Cámara, aquellos legisladores que no regularicen su situación patrimonial no recibirán el salario correspondiente al mes de julio. Este monto asciende a aproximadamente 320,000 pesos, sin incluir los viáticos y bonificaciones adicionales.

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    Los diputados electos que figuran en esta lista de omisos provienen de diversas agrupaciones políticas. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) es la formación con mayor número de representantes en esta situación, con 21 legisladores. Le siguen la Fuerza del Pueblo con 6, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 5. La lista también incluye a diputados del Partido Demócrata Institucional (PDI), Demócrata Popular (PDP), Partido Humanista Dominicano (PHD), y un diputado que no ha declarado afiliación partidista.

    Marco Legal Robusto y Penas Contundentes

    La Ley 311-14 establece un marco legal riguroso para la declaración jurada de patrimonio. Esta obligación no solo abarca a senadores y diputados, sino también a alcaldes, vicealcaldes y regidores, entre otros funcionarios, quienes deben presentarla en el mes posterior a su juramentación. El incumplimiento se considera una falta grave y acarrea la retención del salario y una multa equivalente al sueldo percibido, según el artículo 13 de dicha ley.

    Las sanciones se intensifican drásticamente en caso de que se reporte información falsa. El artículo 15 de la Ley 311-14 prevé penas de 1 a 2 años de prisión y multas que oscilan entre 20 y 40 salarios mínimos. Para los casos de enriquecimiento ilícito, las consecuencias son aún más severas: prisión de 4 a 10 años, una multa equivalente al doble del incremento patrimonial no justificado, y una inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier cargo público.

    Además, la ley otorga amplias facultades al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas para actuar en situaciones de presuntas irregularidades, incluyendo la inmovilización de cuentas bancarias, la investigación de enriquecimiento no justificado y la confiscación de bienes. La reciente publicación de las listas de diputados con declaraciones pendientes por parte de la Cámara de Cuentas subraya la seriedad con la que se está abordando este crucial tema de transparencia en la administración pública.

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