SANTO DOMINGO. El caso Antipulpo entra en su recta final y toda la atención está puesta sobre tres juezas: Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Son ellas quienes decidirán el futuro judicial de Alexis Medina Sánchez y su hermana Magalys Medina Sánchez, señalados como piezas clave en uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa de las últimas décadas.
Luego de cuatro años de proceso, múltiples incidentes y constantes reprogramaciones, el Ministerio Público presentó esta semana sus conclusiones, solicitando 20 años de prisión para Alexis Medina, acusado de liderar un entramado que habría desfalcado al Estado por más de 5,000 millones de pesos mediante contratos fraudulentos y tráfico de influencias.
Para Magalys Medina y el expresidente del Fonper, Fernando Rosa Rosa, se solicitó una condena de 10 años de cárcel. También se pidieron penas similares para otros implicados en el caso.
El proceso ha sido seguido con expectativa desde sus inicios en 2020, cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llevó a cabo los primeros allanamientos. Desde entonces, el caso ha evolucionado bajo el liderazgo de figuras como Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, convirtiéndose en un símbolo de la promesa oficial de enfrentar la impunidad.
Con las pruebas presentadas, las defensas agotadas y las condenas solicitadas, todo queda ahora en manos del tribunal. Las juezas Nivar, Castillo y Soto tienen la tarea de dictar sentencia en un caso que no solo busca justicia, sino que podría redefinir la percepción pública sobre la corrupción y la independencia judicial en República Dominicana.
