lunes, febrero 26, 2024
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    Fiscalizadores piden al Ministerio Público dar respuesta a denuncias explotación laboral

    El pasado día 5 de mayo, la procuradora Miriam Germán Brito informó que había designado una «comisión independiente» para que se investigue el asunto

    Los 310 fiscalizadores que interpusieron un «recurso de reconsideración» para que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) anule la decisión que adoptó sobre que se requiere llamar a un concurso a la hora de decidir ascensos a la posición de procurador fiscal, deploraron que hasta el momento la entidad no haya dado respuesta al caso.

    Al respecto, a través de un comunicado, los funcionarios precisaron que se ha incurrido en un «silencio» administrativo ya que el órgano debió de contestar dicho recurso a más tardar el 26 de mayo del año 2023, fecha en que se agotó el plazo que establece la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

    Manifestaron que esperaban una solución interna al conflicto generado por la resolución número 004/2023, que estableció los concursos como mecanismo para lograr los ascensos de un nivel a otro en el sistema de carrera del Ministerio Público.

    Sin embargo, dijeron que se verán obligados a acudir ante el Tribunal Superior Administrativo «a procurar justicia, toda vez que en torno a los fiscalizadores la resolución atacada es manifiestamente injusta, puesto que más del 90% de los fiscalizadores tienen años realizando funciones de procuradores fiscales, sin ninguna compensación por ese trabajo de mayor jerarquía en la carrera del Ministerio Público».

    El pasado día 5 de mayo, la titular de la Procuraduría General de la RepúblicaMiriam Germán Brito, informó que había designado una «comisión independiente» para que se investigue el asunto para luego adoptar «las medidas oportunas» para poner fin a tal situación.

    «Tengan seguro que consecuencias habrá», remarcó la procuradora general a los denunciantes que aseguraron que «más de 97% de los fiscalizadores» cumplen en la actualidad funciones de procurador fiscal «sin recibir un incentivo por el trabajo realizado». 

    Los tres centenares de fiscalizadores denunciaron lo que frontalmente tildaron de «violaciones del Consejo Superior del Ministerio Público» (CSMP) en su empeño por «interpretar la ley en detrimento de derechos ya adquiridos» y gestionaron un acto de alguacil.

    Esto último, en busca de lograr, dijeron, «una retractación” de las autoridades del CSMP, cuya Presidencia la ostenta Germán Brito, a las que llegaron a acusar de irse contra expresos mandatos constitucionales.

    Declaración Procuradora General en relación a denuncias de miembros del MP

    A raíz de la circulación entre los integrantes del Ministerio Público de las propuestas de reglamento de escalafón y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupación las denuncias sobre maltrato y explotación laboral vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las redes sociales.

    Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.

    Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”.

    Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso).

    Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal.

    También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.

    Una de las principales metas que he asumido al frente de la institución es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público.

    Por ello, procuramos, a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria, los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.

    Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institución, he designado una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habrá.

    Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del Ministerio Público.

    Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la República, asumo con el cumplimiento de la ley.

    No sucumbiré al chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público.

    Estaré siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que nos debemos como personas decentes.

    Sé perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me pasó por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumbí a la maledicencia y la desconsideración ajena.

    El Ministerio Público cuenta con un régimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestión de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la institución. Ese es el compromiso que he asumido.

    Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir más el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.

    Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuración de justicia penal.

    Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Público

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    El pasado día 5 de mayo, la procuradora Miriam Germán Brito informó que había designado una «comisión independiente» para que se investigue el asunto

    Los 310 fiscalizadores que interpusieron un «recurso de reconsideración» para que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) anule la decisión que adoptó sobre que se requiere llamar a un concurso a la hora de decidir ascensos a la posición de procurador fiscal, deploraron que hasta el momento la entidad no haya dado respuesta al caso.

    Al respecto, a través de un comunicado, los funcionarios precisaron que se ha incurrido en un «silencio» administrativo ya que el órgano debió de contestar dicho recurso a más tardar el 26 de mayo del año 2023, fecha en que se agotó el plazo que establece la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

    Manifestaron que esperaban una solución interna al conflicto generado por la resolución número 004/2023, que estableció los concursos como mecanismo para lograr los ascensos de un nivel a otro en el sistema de carrera del Ministerio Público.

    Sin embargo, dijeron que se verán obligados a acudir ante el Tribunal Superior Administrativo «a procurar justicia, toda vez que en torno a los fiscalizadores la resolución atacada es manifiestamente injusta, puesto que más del 90% de los fiscalizadores tienen años realizando funciones de procuradores fiscales, sin ninguna compensación por ese trabajo de mayor jerarquía en la carrera del Ministerio Público».

    El pasado día 5 de mayo, la titular de la Procuraduría General de la RepúblicaMiriam Germán Brito, informó que había designado una «comisión independiente» para que se investigue el asunto para luego adoptar «las medidas oportunas» para poner fin a tal situación.

    «Tengan seguro que consecuencias habrá», remarcó la procuradora general a los denunciantes que aseguraron que «más de 97% de los fiscalizadores» cumplen en la actualidad funciones de procurador fiscal «sin recibir un incentivo por el trabajo realizado». 

    Los tres centenares de fiscalizadores denunciaron lo que frontalmente tildaron de «violaciones del Consejo Superior del Ministerio Público» (CSMP) en su empeño por «interpretar la ley en detrimento de derechos ya adquiridos» y gestionaron un acto de alguacil.

    Esto último, en busca de lograr, dijeron, «una retractación” de las autoridades del CSMP, cuya Presidencia la ostenta Germán Brito, a las que llegaron a acusar de irse contra expresos mandatos constitucionales.

    Declaración Procuradora General en relación a denuncias de miembros del MP

    A raíz de la circulación entre los integrantes del Ministerio Público de las propuestas de reglamento de escalafón y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupación las denuncias sobre maltrato y explotación laboral vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las redes sociales.

    Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.

    Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”.

    Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso).

    Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal.

    También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.

    Una de las principales metas que he asumido al frente de la institución es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público.

    Por ello, procuramos, a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria, los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.

    Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institución, he designado una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habrá.

    Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del Ministerio Público.

    Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la República, asumo con el cumplimiento de la ley.

    No sucumbiré al chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público.

    Estaré siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que nos debemos como personas decentes.

    Sé perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me pasó por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumbí a la maledicencia y la desconsideración ajena.

    El Ministerio Público cuenta con un régimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestión de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la institución. Ese es el compromiso que he asumido.

    Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir más el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.

    Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuración de justicia penal.

    Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Público

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