Santo Domingo.- El 70% de las vacas entregadas por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) en los municipios de Santo Domingo Norte y Guerra fueron distribuidas entre personas afiliadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Este hallazgo forma parte de una investigación realizada por la periodista Ángela Ramírez, en el programa Bajo el Foco.
Un cruce de documentos oficiales muestra que de las 180 reses entregadas en estas dos localidades, alrededor de 130 fueron asignadas a personas inscritas en el padrón del PRM. El análisis incluyó la verificación de los beneficiarios con registros oficiales y el padrón partidario disponible públicamente.
De los beneficiarios civiles identificados, excluyendo a los militares en servicio activo, 83 están registrados en el PRM. Esta cifra corresponde a aproximadamente el 70% en ambos casos.
Uno de los beneficiarios en Santo Domingo Norte, Máximo de la Cruz Carmena, confirmó durante la entrevista que era miembro del partido oficialista: «Sí, sí, sí. Nosotros no fallamos ahí», respondió cuando se le preguntó sobre su afiliación.
Las reses fueron adquiridas en octubre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, a través de un proceso de compra urgente, lo que permitió acortar plazos y simplificar algunos procedimientos administrativos. El contrato fue adjudicado al proveedor Juan Bautista Bautista Martínez por un total de RD$14,336,000, lo que equivale a RD$50,176 por cada vaca. El lote consistió en 400 animales de ganado bovino de doble propósito, aptos tanto para la producción de carne como de leche.
Las entregas investigadas corresponden a las realizadas entre finales de 2020 y principios de 2021, durante la gestión de Efraín Bernardo Toribio Muñoz, actual presidente del FEDA.
La abogada en administración pública, Yulibelys Wandelpool, señala que la coincidencia entre afiliación partidaria y beneficiarios no necesariamente implica ilegalidad, pero sí plantea dudas sobre los criterios de selección.
«Puede haber sesgos o favoritismo. Puede ser una coincidencia, pero es preocupante que el 70% de los beneficiarios correspondan al partido de gobierno. Esto afecta la confianza pública», comentó Wandelpool.
