Lima.- El empresario brasileño Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, testificará durante el juicio oral contra la líder política Keiko Fujimori por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, informó la Fiscalía.
El fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso, anunció ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, declarará sobre cómo los captadores enviados por Keiko Fujimori obtuvieron un millón de dólares para su campaña, además de otros funcionarios de la empresa.
Pérez también informó que se presentarán registros de comunicaciones entre Barata y Jaime Yoshiyama, exrepresentante del partido Fuerza Popular (FP), así como otros documentos que supuestamente muestran los vínculos entre Odebrecht y Fujimori.
Pérez aseguró que los activos de la constructora fueron captados por Yoshiyama y Augusto Bedoya, otro representante de FP, por orden de la líder política.
El equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú estima que los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares. Los principales contribuyentes fueron Odebrecht y los grupos nacionales Credicorp, Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y el empresario Luis Calle.
Otro testigo relevante será el empresario peruano Dionisio Romero, expresidente del Grupo Credicorp, quien testificará que entregó personalmente a Fujimori 3,6 millones de dólares en efectivo, retirados de la bóveda de su sede principal en La Molina, Lima.
Durante la presentación de la acusación en el juicio oral contra Fujimori y otras 45 personas, el fiscal afirmó que Fujimori fundó Fuerza Popular no solo para lucrar, sino también para lograr la impunidad de sus integrantes, al considerar que estaban implicados en una organización criminal.
Pérez, quien pide una condena de 30 años de prisión para Fujimori, agregó que la líder política «tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba» para sus actividades proselitistas. Mencionó que el empresario Antonio Camayo, testigo de la Fiscalía, confirmó que a Fujimori se le conocía como «Señora K» y que ejercía una jerarquía vertical en la coordinación de actividades criminales.
Citando hechos relacionados con el delito de lavado de activos entre 2011 y 2016, Pérez recordó que Odebrecht admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con ganancias de la corrupción.
