Ameripol, organismo similar a Europol o Interpol integrado por países de América Latina y el Caribe, cuenta desde el pasado jueves con la personalidad jurídica y los mandatos necesarios para reforzar el combate al crimen en el ámbito regional.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, anfitrión de la cita, destacó el «gran paso» que se da frente a la amenaza regional que encarna la delincuencia organizada con la formalización de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) como nueva plataforma de cooperación policial.
Según el ministro brasileño, la nueva personalidad jurídica de Ameripol le dará «más agilidad a las investigaciones» regionales, que abarcarán «desde crímenes medioambientales hasta el tráfico de armas, drogas y personas o el robo de vehículos en zonas fronterizas».
Asimismo, sostuvo que permitirá una mayor «cooperación digital en materia jurídica civil y penal», y un trabajo conjunto contra «los crímenes cibernéticos» y «la distorsión» que representa «el uso de internet para prácticas delictivas».
Según el tratado constitutivo, Ameripol «promoverá y fortalecerá la cooperación» para «mejorar las competencias policiales» frente a los «desafíos de la seguridad pública y ciudadana», con el objetivo de «consolidar la doctrina y filosofía policial para la prevención y neutralización del delito».
La Comunidad de Policías de América nació en 2007, durante un encuentro de organismos de seguridad realizado en Bogotá, ciudad en la que funciona su sede permanente.
El proceso se consolidó en otra reunión celebrada en República Dominicana en 2012, donde fueron aprobados los estatutos de este organismo, al que sólo le faltaba el tratado constitutivo firmado este jueves para adquirir una plena personalidad jurídica.
Actualmente, Ameripol está constituida por 33 cuerpos policiales de 27 países latinoamericanos.
Sus miembros son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay y Trinidad y Tobago.
Tiene además 31 observadores, en su mayoría organismos europeos y entre los que figuran la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de España, así como Interpol y Europol, que colaboraron en el proceso que ha llevado al tratado constitutivo.
América Latina y el Caribe, que concentra cerca del 10 % de la población global, registró en 2022 el 28 % de los asesinatos ocurridos en el mundo y los índices han subido en forma constante desde 2012, según un estudio sobre inseguridad ciudadana del instituto brasileño Igarapé, especializado en el análisis de políticas públicas.
La investigación, apoyada en datos de organismos internacionales, apunta que el 41 % de las víctimas tenía entre 17 y 30 años, y que el 71 % de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.
También cita encuestas regionales, según las cuales sólo el 49 % de la población de América Latina y el Caribe dice sentirse segura en sus ciudades, frente a una media mundial que llega al 61 %.
Esas altas tasas de violencia son atribuidas en especial a la expansión de las organizaciones del crimen trasnacional, que en la últimas décadas se han fortalecido en la región y son responsables, entre otros delitos, del tráfico de drogas, armas y personas.
Entre las principales bandas que han internacionalizado sus operaciones figuran el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, el Cartel de Sinaloa mexicano y el Clan del Golfo colombiano, que han extendido sus tentáculos por toda la región y tienen vínculos con poderosas mafias europeas, como la italiana Ndrangheta.
