Maribel y Antonio Espaillat enfrentan nuevas querellas y un proceso judicial que se complica por la magnitud del caso
El proceso judicial en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, vivió este domingo una jornada cargada de tensión en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se intentó conocer la solicitud de medida de coerción contra ambos imputados. Sin embargo, el proceso fue aplazado por el juez Rigoberto Sena debido a que la defensa alegó no haber sido debidamente notificada.
Desde temprano, la sala de audiencias lucía abarrotada por la cantidad de personas presentes. La primera en ser trasladada fue Maribel Espaillat, quien evidenció un notorio estado de abatimiento. Vestía lo que parecía una pijama a rayas azul y blanco, caminaba con dificultad y con los ojos cerrados, sostenida por un agente de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
Poco después ingresó su hermano, Antonio Espaillat, con casco, chaleco antibalas y esposado. A diferencia de su hermana, el empresario mantenía un semblante sereno, sin emitir declaraciones. Lucía una chacabana blanca y jeans.
Apenas iniciada la audiencia, la defensa de los acusados solicitó el aplazamiento argumentando que no contaban con acceso completo al expediente ni a las querellas presentadas. El juez acogió el pedimento y fijó una nueva fecha: miércoles a las 11:00 de la mañana. Además, concedió un plazo hasta este lunes para que las víctimas restantes puedan formalizar sus denuncias. Igualmente, autorizó habilitar un espacio en la cárcel para que Antonio pueda reunirse con sus abogados y preparar su defensa.
El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la tragedia ocurrida en el Jet Set es producto de la “negligencia e irresponsabilidad” de los hermanos Espaillat. “Tuvieron un comportamiento que evidencia absoluto desprecio por la vida humana”, expresó al salir del tribunal.
Camacho señaló que la solicitud de medida de coerción se apoya en más de 130 elementos probatorios que sustentan las imputaciones, e hizo hincapié en que existen indicios de intimidación a testigos, lo cual refuerza la solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel.
Víctimas siguen reviviendo la tragedia
Entre las víctimas presentes en el Palacio de Justicia, Aracelis Santana relató entre lágrimas cómo el trauma del colapso del techo la persigue día y noche. En silla de ruedas, confesó que no puede dormir en paz y que los gritos, la oscuridad y el caos del 8 de abril la atormentan constantemente.
«Hay noches en que uno se despierta sobresaltado, reviviendo todo. Solo queremos justicia, una justicia justa», declaró con voz entrecortada.
Otra víctima, Crismarlin Encarnación, quien sufrió múltiples fracturas en la columna, piernas y un brazo, coincidió en que la única exigencia es que “se haga justicia”. Dijo que su vida cambió para siempre esa noche y que hoy enfrenta tanto las secuelas físicas como el impacto emocional.
Treinta nuevas querellas agravan el caso
La jornada también estuvo marcada por la presentación de 30 nuevas querellas contra los propietarios del centro nocturno. El abogado Félix Portes, representante de un grupo de afectados, sostuvo que sus clientes han calificado jurídicamente el caso como homicidio voluntario con dolo eventual, en contraposición a la calificación de homicidio involuntario asumida por el Ministerio Público.
«Nuestros representados consideran que, aunque no hubo una intención directa de causar el colapso, los dueños del establecimiento conocían los riesgos estructurales del lugar y, pese a ello, continuaron operando con normalidad», explicó Portes.
La magnitud del caso, que ya suma decenas de víctimas y una creciente presión social, continúa generando expectativa sobre la decisión del tribunal en la próxima audiencia.
