Después de casi un mes de silencio en las salas judiciales, la audiencia preliminar de la resonante Operación Medusa, que implica acusaciones de corrupción contra el Estado, ha vuelto a tomar protagonismo. El Juez Amauri Martínez, a cargo del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, retomó la dirección del caso, enfrentando previamente intentos fallidos de recusación por parte de varias defensas de los implicados.

El proceso había quedado en un punto muerto desde el 15 de diciembre de 2023, tras el rechazo de una recusación presentada por el defensor público Dukaski Payano Taveras, representante del imputado Félix Antonio Rosario Labrada, exencargado de la oficina de acceso a la información y exmiembro del Comité de Compras de la Procuraduría, por parte de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación.

Este martes, los defensores del imputado Alfredo Augusto Solano, ex subdirector financiero de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez, plantearon varios incidentes, destacando la alegada ruptura de la inmediación y la falta de calidad por parte de la Fundación Alfredo Nobel, entre otros aspectos.

«Le hemos solicitado a la Fundación Alfredo Nobel que presente sus credenciales y autorizaciones. La Fundación, el Estado y el Ministerio Público solicitan los mismos montos, que ascienden a nueve mil millones de pesos para los sesenta acusados, sin individualizar quién se llevó cien y quién se llevó diez», expresó Manuel Sierra, abogado de Augusto Solano.

En relación con la presunta ruptura de la inmediación, Sierra subrayó que las suspensiones no pueden extenderse más allá de diez días, y hoy se cumplen 28 días desde la última pausa del 15 de diciembre, en contradicción con los artículos 315 y 316 del Código Procesal Penal. El caso retoma su curso, generando expectativas sobre el desenlace de la Operación Medusa y el destino de los implicados en este complejo entramado judicial.