Durante los meses de abril y mayo de 2020, en medio de la pandemia por COVID-19 y en pleno proceso electoral, Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, adquirió de manera urgente una flota de vehículos aéreos no tripulados (UAVs o drones) destinados al monitoreo de las elecciones de ese año. Sin embargo, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la compra y el ingreso de estos equipos a la República Dominicana violó diversas normativas fiscales y aduaneras, lo que podría configurarse como un caso de contrabando.
El empresario Gómez contactó a Jörg Brinkmeyer, dueño de la empresa alemana Globe-UAV GMBH, para la compra de los drones y software especializado por un valor superior a los € 559,745.75. Según los fiscales, las transacciones se llevaron a cabo bajo la representación de la empresa Dekolor, que gestiona licencias de conducción para el Estado dominicano, aunque no existen registros de una relación comercial formal entre ambas partes.
Los equipos, que incluían tecnología avanzada para control aéreo y software especializado en monitoreo a través de redes celulares 4G, fueron transportados en una aeronave privada de la empresa Helidosa Aviation Group. Este avión, con matrícula HI1050-DOM, fue enviado por Gómez para recoger a Brinkmeyer y su equipo técnico en Alemania, junto con los drones adquiridos.
Sin embargo, surgió un conflicto entre Gómez y Brinkmeyer, lo que dejó al equipo técnico varado en República Dominicana, sin posibilidad de regresar a su país en el avión que los había traído. Finalmente, lograron retornar a Alemania con la asistencia de su embajada.
El Pepca asegura que la mercancía ingresó al país sin ser declarada ante la Dirección General de Aduanas, lo que agrava la situación de Gómez, quien también es acusado de comercio ilícito y evasión de impuestos. Además, ni Gómez ni las empresas involucradas tenían los permisos correspondientes para el uso y operación de estos drones, según confirmó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
Las investigaciones continúan mientras el caso «Camaleón» sigue revelando nuevos detalles sobre posibles actos de corrupción y contrabando en el contexto de la pandemia.
