El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional una propuesta de reclasificación del Presupuesto General del Estado para 2025, en la que se asignan recursos adicionales a diversas instituciones gubernamentales. La medida busca reforzar sectores prioritarios, aunque implica ajustes en otras áreas.
Entre las entidades beneficiadas con incrementos presupuestarios destacan el Ministerio de Deportes y Recreación (RD$800 millones), la Procuraduría General de la República (RD$300 millones), y la Dirección General de Bienes Nacionales (RD$53 millones). Asimismo, se asignaron RD$113 millones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y RD$75 millones al Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Un apartado específico recibe más de RD$3,350 millones, aunque el Gobierno no ha detallado su propósito.
Salud y vivienda, ejes prioritarios
El Ministerio de Salud Pública (MSP) obtiene RD$1,685 millones adicionales, destinados a garantizar un aumento gradual del 25% en los salarios médicos, en respuesta a demandas del sector. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) dispondrá de aproximadamente RD$1,091.5 millones, que financiarán programas sociales y la expansión del Fondo Nacional de Viviendas.
Ajustes y reducciones
Para financiar estos aumentos sin incrementar el gasto total, se recortaron fondos de varias entidades. Entre las afectadas figuran el programa social Supérate, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (Fitram) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Contexto legislativo y sostenibilidad fiscal
El presidente de la comisión bicameral, diputado Frank Paulino, calificó positivamente el manejo fiscal, destacando que el déficit proyectado será del 4.9%, equivalente a RD$242,870 millones. Esto significa que el Estado deberá recurrir a préstamos para cubrir parte de los RD$1,484,234.6 millones estimados en gastos.
El Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, resaltó que este presupuesto es el primero en regirse por la Ley de Responsabilidad Fiscal, promulgada en agosto, que busca limitar la deuda pública al 40% del PIB para 2035. Además, recordó que la reciente retirada del proyecto de «Modernización Fiscal» genera incertidumbre sobre futuras propuestas de reforma.
«Este es el primer presupuesto que da sostenibilidad a las finanzas públicas», afirmó Vicente, subrayando la intención de mantener estabilidad económica.
