El presidente Luis Abinader promulga la Ley 60-23, estableciendo principios de transparencia y eficiencia.
El presidente Luis Abinader ha anunciado la aprobación de la Ley 60-23, un nuevo marco legal que ha sido transmitido desde el Senado el miércoles pasado. Esta ley establece una serie de principios que guían la gestión de activos bajo su jurisdicción, incluyendo la transparencia, eficiencia, objetividad, igualdad y jerarquía.
Una de las principales novedades es la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), con autonomía administrativa y financiera. Este instituto estará vinculado al Ministerio de Hacienda y supervisado por un Consejo Directivo, presidido por el ministro de Hacienda, junto con otras figuras clave.
La ley también establece el proceso de entrega de bienes incautados al INCABIDE por parte del Ministerio Público y regula excepciones para ciertos tipos de bienes, como drogas y armas incautadas, que permanecerán bajo el control del Ministerio Público.
En relación a los bienes incautados, el INCABIDE puede conceder su uso provisional a entidades públicas por razones de interés público o necesidades de investigación criminal, sujeto a ciertas condiciones y excepciones legales.
Además, se crea un Fondo Especial de Bienes Decomisados y Extinguidos (FEBIDE) bajo la administración del INCABIDE, que incluye dineros extinguidos o decomisados y los ingresos de las ventas de dichos bienes. Este fondo se utilizará para cubrir gastos administrativos y otras obligaciones, y el remanente se depositará en la Cuenta Única del tesoro para financiar programas de prevención de drogas, reducción de pobreza, apoyo a menores y víctimas de delitos, protección de fronteras y otros fines, todo ello con total transparencia.
El presidente Abinader enfatizó que esta ley se ajusta a las disposiciones constitucionales actuales y a la reciente ley de extinción de dominio, reflejando el compromiso de su administración con el fortalecimiento institucional y la mejora de la eficiencia y transparencia administrativa.
