En una contundente acción, el Ministerio Público ha acusado a siete individuos y dos entidades comerciales en la operación denominada «Nido», destapando una compleja red delictiva dedicada a la venta fraudulenta de apartamentos en el Gran Santo Domingo.

La lista de implicados incluye a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Según la medida de coerción, hasta ahora se han identificado 147 víctimas o querellantes, todos afectados por las presuntas actividades del grupo delictivo compuesto por ciudadanos dominicanos mayores de edad.

Las empresas involucradas, «Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL» y «CRD Equipos Pesados, SRL», operaban supuestamente en terrenos no autorizados y sin permisos de construcción. Los líderes de estas entidades, Emmanuel Rivera Ledesma, María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, también enfrentan cargos.

Los fiscales que han llevado a cabo la investigación sostienen que el grupo estableció una fachada de empresa para generar confianza y seguridad en sus víctimas. Además, se descubrió que vendieron repetidamente la misma unidad de apartamento y utilizaron material audiovisual para simular entregas de viviendas a los afectados. El desglose detallado de las acciones individuales de cada acusado arrojará luz sobre la complejidad de este entramado delictivo.»

Encabezado: Desmantelan red fraudulenta liderada por Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de estafar a cientos de personas

Subencabezado: La organización utilizaba proyectos de construcción inexistentes como maniobra para sus operaciones fraudulentas

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En una operación conjunta, las autoridades lograron desarticular una red delictiva encabezada por Emmanuel Rivera Ledesma, quien está siendo señalado como el principal cabecilla de una organización dedicada a estafar a cientos de personas tanto en República Dominicana como en el extranjero. Según el Ministerio Público, Rivera Ledesma amenazaba, insultaba e intimidaba a las víctimas, alardeando de presuntos contactos dentro y fuera del sector de la justicia.

Desde el año 2019, Rivera Ledesma y sus cómplices habrían creado una estructura con el objetivo de engañar a las personas, aprovechando la distancia de aquellos en el extranjero que no podrían verificar la autenticidad de los proyectos de construcción utilizados como táctica fraudulenta. El imputado se presentaba como arquitecto, distribuyendo tarjetas de presentación con credenciales falsas que no estaban respaldadas por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología ni por el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.

El Ministerio Público sostiene que esta red tenía la intención de llevar un estilo de vida lujoso a expensas de las víctimas, afectando no solo su patrimonio, sino también su bienestar emocional, familiar y laboral. Además, se afirma que estas acciones impactaron negativamente la imagen del país en el sector de inversiones inmobiliarias y en la economía nacional.

El expediente revela que la alta gerencia de la organización desviaba millones de pesos para gastos personales, utilizando los recursos captados a través del esquema fraudulento. El dinero se destinaba a productos financieros, restaurantes de lujo, vehículos de alta gama, turismo y viajes nacionales e internacionales.

Específicamente, se señala a Emmanuel Rivera Ledesma, su hijo Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, la esposa de este, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Maria Gabriela Rivera Pichardo y Juan Omar Rosario López como responsables de instruir y exigir a las víctimas depositar fondos en cuentas del Banco Popular Dominicano a nombre de la empresa CRD Equipos Pesados, a pesar de que el contrato de compra y venta estaba asociado a la compañía Indisarq S.R.L., que no contaba con productos financieros.

En el caso de los detenidos Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, se alega que obtuvieron beneficios económicos directamente de las víctimas, principalmente a través de entidades financieras. El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades continúan investigando y recopilando pruebas para presentar ante la justicia.