Este martes, el Gobierno de Nicaragua anunció la cancelación de la personería jurídica de 15 asociaciones, incluida la Asociación Comités de Defensa Sandinista (CDS), sumando así más de 3,600 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018. La mayoría de los bienes de estas organizaciones han sido transferidos al Estado.
Estas medidas fueron aprobadas en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
El Ministerio del Interior explicó que diez ONG fueron cerradas unilateralmente debido a incumplimientos con las leyes que las regulan, mientras que las otras cinco solicitaron su disolución voluntaria.
El martes se anunció la cancelación de la personería jurídica de 15 ONG en Nicaragua, entre las cuales se encuentra la Asociación CDS, que tuvo un papel importante durante el primer Gobierno sandinista como «ojos y oídos» de la revolución. Los CDS, que solicitaron su disolución voluntaria, fueron reemplazados por los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC) tras el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007.
Además de la Asociación CDS, fueron disueltas otras organizaciones como la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, la Asociación de Ganaderos de Boaco y la Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua, entre otras de orientación cristiana evangélica.
El Ministerio del Interior explicó que la liquidación de los bienes de estas organizaciones será responsabilidad de la Procuraduría General de la República, excepto en los casos en que las ONG solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 ONG, ya son más de 3,600 las organizaciones de este tipo disueltas desde las protestas populares que iniciaron en abril de 2018. Algunos diputados sandinistas han afirmado que estas organizaciones utilizaron recursos de donaciones para intentar derrocar al presidente Ortega durante las manifestaciones de ese año.
Los sandinistas han argumentado que la ilegalización de estas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, ya que no todas las 7,227 ONG registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operativas.
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agravada por las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que fueron controvertidas y en las que Ortega resultó reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
