El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional una condena de siete años de prisión contra la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de ejercer ilegalmente funciones en el área de la salud mediante el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Además de la pena privativa de libertad, el órgano acusador pidió la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción vigente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la posibilidad de una nueva sentencia condenatoria, lo que —según el Ministerio Público— incrementa el peligro de fuga debido a la gravedad de los hechos imputados.

Durante la presentación de sus conclusiones, las representantes del Ministerio Público, la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvieron que Silverio Silien desarrolló un esquema de estafa dirigido a padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales requeridas para ejercer dichas profesiones.

El órgano persecutor explicó ante la jueza Milagros Ramírez Cabrera que una investigación objetiva permitió comprobar que la acusada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer en áreas vinculadas a la salud, conforme a certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

Según la acusación, Silverio utilizó documentos falsificados, entre ellos títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los cuales aparentaba una preparación profesional que no tenía, logrando generar confianza en las familias y captar pacientes para los servicios ofrecidos en su centro terapéutico.

Las pruebas testimoniales presentadas ante el tribunal, especialmente las ofrecidas por padres de menores afectados constituidos en querellantes y actores civiles, evidenciaron que la imputada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin aval profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones clínicas inexistentes. Estas acciones habrían provocado afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de tratamientos especializados adecuados.

El Ministerio Público también destacó que el centro operaba sin las habilitaciones exigidas por las autoridades competentes y fue posteriormente clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras comprobarse diversas irregularidades en su funcionamiento.

Asimismo, informes financieros incorporados al proceso establecieron que las actividades desarrolladas por Silverio Silien tenían fines lucrativos, generándole ingresos significativos mediante los servicios ofrecidos a las familias, lo que, según el órgano acusador, confirma que el engaño fue utilizado como mecanismo para obtener beneficios económicos.

El Ministerio Público calificó los hechos como de extrema gravedad, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, específicamente niños que requieren cuidados especializados, cuyas familias depositaron su confianza en la acusada con la esperanza de encontrar soluciones terapéuticas.

En ese contexto, sostuvo que la conducta atribuida a Silverio Silien configura los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación de los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 92, 93 y 156, numeral 7, de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras escuchar las conclusiones del Ministerio Público, la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera cerró los debates y anunció que el fallo será emitido el próximo martes 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.