El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó este martes la suspensión y desestimación del concurso para servicios de nutrición y diálisis, con el propósito de garantizar la transparencia, la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.
La medida se produce tras reportajes del medio Panorama que revelaron denuncias sobre contrataciones bajo la modalidad de excepción a favor de las empresas Macrotech y Hospifar, las cuales habrían recibido más de RD$13 mil millones en contratos durante la gestión de Mario Lama.
Landrón explicó que el proceso había sido introducido en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones del SNS y que la actual administración le dio continuidad institucional. Sin embargo, tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial, lo que motivó la paralización formal del procedimiento y su divulgación pública.
En ese sentido, el titular del SNS instruyó detener todos los procesos de licitación en curso, incluidos los relacionados con nutrición y diálisis, para someterlos a una revisión exhaustiva junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), con el fin de asegurar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios a los pacientes.
Asimismo, la institución anunció la realización de nuevos concursos para servicios de nutrición directamente en los hospitales públicos, ajustados a las necesidades específicas de cada centro y con el acompañamiento y supervisión de la DGCP, en busca de procesos más eficientes y transparentes dentro de la Red Pública.
El SNS reiteró que, junto a la DGCP, revisará de manera integral todos los procesos de compras y contrataciones, fortaleciendo los principios de transparencia, equidad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus reglamentos.
Finalmente, Landrón aseguró que su gestión estará guiada por la ética, los valores y la transparencia, con el objetivo de garantizar servicios de calidad a los usuarios y preservar la correcta administración de los recursos del Estado.
