La justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra tres personas vinculadas al decomiso de un arsenal de armas de fuego interceptado en el puerto de Haina, en la República Dominicana, cuyo destino final era Haití.

La acusación fue presentada en el estado de Florida contra Francesca Charles, de 28 años, ciudadana estadounidense; y los hermanos Jacques Pierre, de 32 años, y Jeff Pierre, de 34, ambos ciudadanos haitianos residentes en ese estado. Los imputados enfrentan cargos por conspiración para contrabandear bienes, envío ilegal de armas de fuego y exportación ilícita de armamento desde territorio estadounidense.

De ser hallados culpables, cada uno podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.

De acuerdo con documentos judiciales, en febrero de 2025 las autoridades dominicanas incautaron un contenedor procedente de Miami, Florida, que contenía 18 rifles, cinco pistolas, cargadores, más de 36,000 municiones y un silenciador. El cargamento tenía como destino Haití, pero las armas y municiones no figuraban en el manifiesto de embarque, el cual declaraba únicamente artículos domésticos.

Investigaciones realizadas por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) determinaron que los acusados eran los compradores de al menos 20 de las 23 armas de fuego incautadas en el contenedor.

Según la acusación, los imputados habrían adquirido al menos 46 armas de fuego entre mayo de 2024 y febrero de 2025, en su mayoría de la misma marca y modelo que las recuperadas en la República Dominicana. De ese total, 37 armas fueron compradas entre el 9 de agosto de 2024 y el 10 de febrero de 2025, conforme a información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Haití.

La investigación también reveló que Jacques Pierre adquirió dos rifles Barrett calibre .50, considerados armas militares de alto poder, frecuentemente utilizados por pandillas y organizaciones criminales. Uno de estos rifles fue recuperado en el cargamento decomisado en febrero de 2025.

Registros de viajes y envíos indican que los acusados facilitaban despachos de armas hacia Haití poco después de realizar compras significativas de armamento y luego viajaban al país caribeño en fechas cercanas a la llegada prevista de los cargamentos. Asimismo, los registros muestran que los imputados viajaron a la República Dominicana tres días antes de que el contenedor fuera interceptado en el puerto de Haina.

El caso es investigado de manera conjunta por la ATF y la HSI, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La acusación está a cargo de la fiscal federal adjunta Elisibeth Adams, del Distrito Medio de Florida.

Este proceso forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos orientada a combatir la inmigración ilegal, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, y fortalecer la seguridad de las comunidades frente a delitos violentos.

De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión federa