Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó la decisión de la administración del expresidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes haitianos, un programa que vence este martes y que protege de la deportación a personas procedentes de países considerados en situación de riesgo.
El TPS beneficia actualmente a unos 350,000 ciudadanos haitianos residentes en Estados Unidos, permitiéndoles vivir y trabajar de manera legal. La jueza Ana Reyes, en una sentencia de 83 páginas a la que tuvo acceso la agencia AFP, determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carece de la autoridad legal para cancelar este estatus.
En su fallo, la magistrada señaló que los demandantes —cinco ciudadanos haitianos— alegaron que la decisión de Noem estuvo motivada por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos, una afirmación que, según escribió, “parece muy probable”. Asimismo, calificó la actuación de la funcionaria como “arbitraria y caprichosa”.
“La secretaria Kristi Noem tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a expresar opiniones ofensivas o inapropiadas sobre los inmigrantes”, escribió Reyes, “pero está obligada a cumplir estrictamente con la ley”.
El Estatus de Protección Temporal fue creado en 1990 con el objetivo de ofrecer refugio a ciudadanos de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis graves. Haití fue incluido en el programa tras el devastador terremoto de 2010, y desde entonces el beneficio ha sido renovado en varias ocasiones, la más reciente en 2021 durante la administración del presidente Joe Biden.
Durante su mandato, el gobierno de Trump impulsó el desmantelamiento de varios programas de TPS, incluyendo los otorgados a ciudadanos de Haití, Venezuela y Nicaragua. Las autoridades argumentaron que estas iniciativas fomentan la inmigración irregular, han sido utilizadas de forma indebida y que los demócratas las extendieron más allá de lo necesario.
Con esta decisión judicial, el TPS para los migrantes haitianos se mantiene vigente, al menos de manera temporal, mientras continúan los debates legales sobre el futuro de este programa migratorio.
