El chavismo se adjudicó una amplia victoria en las elecciones parlamentarias y regionales celebradas este domingo en Venezuela, en una jornada significativamente marcada por el boicot de una parte importante de la oposición. Según los datos divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 93% de las mesas contabilizadas, el Gran Polo Patriótico (GPP) obtuvo el 82,6% de los votos, sumando 4.553.484 sufragios. Los partidos opositores, en conjunto, alcanzaron el 17,3%.
El partido oficialista no solo dominó en el legislativo regional, sino que también aseguró la victoria en 23 de las 24 gobernaciones estatales, según los resultados publicados por el CNE. En estos comicios se eligieron nuevos miembros para la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y legisladores regionales.
La jornada electoral registró una baja participación, según reconocieron tanto el CNE como la oposición, aunque con cifras muy distintas. El organismo electoral reportó que acudió a las urnas el 42,63% de los electores. No obstante, la oposición calculó que la participación fue considerablemente menor, llegando a estimar que menos del 20% de los venezolanos votaron. La líder opositora María Corina Machado declaró que «más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no».
El único gobernador opositor que logró la reelección fue Alberto Galíndez en el estado Cojedes, obteniendo el 55,2% de los votos y postulándose por el partido Copei.
Estas elecciones, que se llevaron a cabo sin observación internacional independiente, son las primeras después de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. En aquella ocasión, Nicolás Maduro se proclamó vencedor, aunque no ha presentado las actas que certificarían su triunfo, a pesar de los requerimientos de la comunidad internacional. La oposición, liderada por María Corina Machado, presentó documentos que, según ellos, apuntaban a una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. Maduro tomó posesión del cargo el 10 de enero de 2025, en medio de denuncias de ilegitimidad y represión a opositores y ciudadanos que salieron a las calles. Posteriormente, González se exilió en España tras ser perseguido.
El clima previo a estos comicios estuvo marcado por la tensión política, incluyendo la detención de alrededor de 70 personas vinculadas a la oposición. El ministro Diosdado Cabello denunció un supuesto plan para «sabotear» las elecciones, lo que dio pie a los arrestos, entre ellos el del dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado. Mientras el oficialismo justificó estas acciones como medidas preventivas, la oposición las interpretó como una nueva campaña de represión.
La división dentro de la oposición fue otro factor clave en esta jornada, contrastando con la unidad mostrada en las presidenciales de 2024. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a boicotear las elecciones al considerarlas ilegítimas debido a lo sucedido en 2024. María Corina Machado fue explícita en su llamado a no votar el 25 de mayo, recordando la participación del 28 de julio de 2024 y afirmando que «ese día ganamos, porque somos Venezuela».
Sin embargo, un sector minoritario de la oposición decidió participar. Encabezados por el veterano político Henrique Capriles, junto a otros dirigentes como Juan Requesens y Manuel Rosales. Aunque Capriles también acusa a Maduro de fraude en las presidenciales, defendió la participación electoral como una forma de resistencia, si bien expresó respeto por quienes optaron por la abstención. Esta decisión llevó a la expulsión de partidos como Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela de la Plataforma Unitaria, después de que decidieran presentar candidaturas. La coalición oficialista, en cambio, se mantuvo unida y cohesionada en torno a Nicolás Maduro.
Un aspecto inédito de estos comicios fue la inclusión del territorio del Esequibo para la elección de representantes. En esta zona de 160.000 km², cuya soberanía está en disputa con Guyana desde hace más de un siglo, se eligieron un gobernador, ocho diputados nacionales y siete legisladores regionales. El CNE afirmó que esta acción cumplía un «mandato del pueblo» derivado del referendo del 3 de diciembre de 2023, en el que se asignó esta región que actualmente pertenece al Estado de Guyana. A pesar de que la Corte Internacional de Justicia había pedido a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en el Esequibo, Caracas rechazó la solicitud, reiterando que no reconoce la jurisdicción de dicho tribunal.
