El Ministerio Público presentó una solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, en la que detalla el proceso de investigación y seguimiento realizado tras ser acusado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares mediante una entrega controlada.

Según el documento acusatorio, el caso inició el pasado 13 de marzo, cuando el fiscal habría sostenido un encuentro con Roberto Canaán, testigo vinculado al proceso judicial por presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión se realizó en las inmediaciones de Plaza Lama, ubicada en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero.

De acuerdo con el Ministerio Público, Canaán abordó el vehículo del imputado, quien supuestamente utilizó información privilegiada sobre bienes y vehículos del testigo para ejercer presión y establecer una posición de dominio durante la conversación.

En ese encuentro, Valdez Alcántara habría planteado la posibilidad de alterar el proceso judicial que enfrentaba Canaán a cambio de beneficios económicos. La acusación sostiene que inicialmente solicitó 200 mil dólares, monto que posteriormente redujo a 150 mil dólares, además de mostrar interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz modelo 350 o 450 de color negro.

El expediente señala que el fiscal rechazó alternativas de menor costo, como vehículos Volvo o Mazda, insistiendo en la entrega del automóvil de alta gama solicitado. Asimismo, el órgano acusador afirma que el imputado mantuvo presión constante mediante llamadas telefónicas, incluyendo una conversación del 18 de marzo en la que preguntó por la entrega del dinero y fijó como fecha límite el 24 de marzo.

Ante estas denuncias, el 25 de marzo la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para autorizar las diligencias investigativas. Dos días después, la magistrada Ysis Muñiz aprobó la investigación y la realización de una entrega vigilada.

Ese mismo 27 de marzo, en horas de la tarde, el fiscal habría contactado nuevamente a Canaán para reunirse en el cuarto nivel del parqueo del centro comercial Bella Vista Mall, donde presuntamente se concretaría el pago del soborno.

Para documentar la operación, el Ministerio Público conformó un equipo encabezado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, junto a varios agentes policiales y el fiscal Andrés Octavio Mena. Los investigadores se apostaron en el lugar y observaron el vehículo Honda CRV color crema, propiedad del imputado.

Las autoridades indicaron que Canaán abordó el vehículo del fiscal durante aproximadamente cinco minutos, momento en el cual se realizó la entrega del dinero bajo supervisión oficial.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional dieron seguimiento al imputado y le ordenaron detenerse en la calle Pedro Antonio Bobea, frente al centro comercial Almacenes Unidos. Tras la intervención, el fiscal fue trasladado a la Procuraduría General de la República para continuar con el procedimiento.

Durante la requisa del vehículo, realizada en el área de parqueos del sótano y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, Valdez Alcántara informó que solo portaba un arma de fuego y una tableta institucional. Sin embargo, los agentes localizaron en el interior del sunroof del vehículo 100 billetes de cien dólares estadounidenses, equivalentes a 10 mil dólares en efectivo.

El acta de incautación también detalla la ocupación de documentos personales, tarjetas y un teléfono celular. En cuanto al arma, se trata de una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, color negro con corredera plateada, serie 0018MP, acompañada de un cargador y trece cápsulas.

El Ministerio Público sostiene que las evidencias recolectadas forman parte del sustento probatorio para solicitar medidas coercitivas contra el fiscal, mientras avanza el proceso judicial en su contra.