Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, habría recibido una suma de dinero por parte de Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, con el objetivo de cubrir gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido a raíz del colapso del techo del establecimiento, ocurrido la madrugada del pasado 8 de abril.
La información se encuentra contenida en un documento presentado por los hermanos Espaillat ante el tribunal que conoce las medidas de coerción por el desplome de la discoteca, tragedia que dejó un saldo de 236 fallecidos y al menos 180 personas heridas.
Según el acta, la asistencia económica fue canalizada a través de la empresa Inversiones E & L, S. R. L., y estaría destinada no solo a cubrir las secuelas personales del evento, sino también a compensar las afectaciones sufridas por Zulinka como empleada y miembro de la orquesta de su padre.
“Quien suscribe da cuenta de haber recibido, por parte de la entidad Inversiones E & L, S. R. L., una asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo la afectación que pueda haber recibido como empleada y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez…”, detalla el documento, que fue legalizado mediante acto notarial el 28 de mayo de este año.
En contraste, otras dos hijas del artista, Casiey y Ana Beatriz Pérez, han optado por la vía judicial, interponiendo una querella formal contra los propietarios del local y solicitando una indemnización de 435 millones de pesos. De acuerdo con su representación legal, los fondos serían utilizados para la creación de un programa de formación para jóvenes dominicanos, en alianza con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.
Medida de coerción contra los Espaillat
Como parte del proceso judicial, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a los hermanos Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, junto con impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
El caso ha sido declarado de tramitación compleja, dada la magnitud de la tragedia y el número de víctimas involucradas.
