Santo Domingo. La reciente confirmación del Gobierno de que la ampliación de la avenida República de Colombia no afectará al Jardín Botánico Nacional calmó la alarma ambiental, pero encendió otra: la de los residentes y comerciantes que serán desalojados en barrios aledaños como Cuba y La Esperanza.
Mientras maquinaria pesada y obreros comenzaban la demolición de viviendas en el sector Los Ríos —incluyendo una casa de dos niveles en las cercanías de la cañada—, los propietarios afectados alzaron la voz exigiendo una indemnización acorde con el valor real de sus propiedades, muchas de ellas utilizadas con fines comerciales.
En medio de la incertidumbre, algunos denuncian que la compensación económica ofrecida por el Estado no cubre ni siquiera el costo de reposición de sus negocios. “Me ofrecen RD$130,000 por un colmado que está arrendado y tiene más de RD$200,000 en mercancía. No estoy conforme, pero dicen que a mí me pagarán. A los inquilinos no les toca nada”, lamentó Claudio Contreras, uno de los afectados.
Además del bajo monto propuesto, la carga de reubicar a los arrendatarios recaerá sobre los mismos propietarios, a diferencia de otros procesos de desalojo donde el Gobierno ha asumido esos gastos.
En el barrio La Esperanza, donde varias viviendas ya fueron marcadas con pintura roja como señal de expropiación, se ha conformado la Asociación de Inquilinos Avenida República de Colombia La Esperanza-Botánico, con el fin de representar a quienes por años han desarrollado actividades comerciales y sociales en la zona.
Roberto Acosta, dueño de una papelería con más de 20 años en funcionamiento, expresó conmovido su frustración. “El día de la rueda de prensa quise hablar, pero no pude. Sentí que me derrumbaba. Uno ha dedicado su vida a un negocio y ahora te dicen que recojas y te vayas, sin recibir nada a cambio”.
Los afectados señalan a la ingeniera Rosaura Pineda, supuesta encargada de Expropiaciones del Consorcio Autopista Las Américas, como figura central del conflicto. Según narran, su presencia ha generado tensión y desasosiego en la comunidad. “Vino negocio por negocio y dijo: no hablamos con inquilinos, se van sin nada. Desde ese día, nuestras vidas cambiaron”, sostuvo Acosta.
Mientras avanzan las demoliciones, los afectados insisten en una negociación justa y humana que tome en cuenta tanto a propietarios como a arrendatarios, cuyo sustento también está en juego.
