El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este lunes la suspensión del juicio de fondo del caso Coral, debido a la condición de salud del imputado Alejandro González Montero Cruz, quien necesita recibir atención médica especializada fuera del país.
La audiencia fue aplazada para el 6 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, por decisión del tribunal presidido por la jueza Gissell Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissell Naranjo, luego de acoger una solicitud presentada por la defensa del imputado, quien actualmente se encuentra en el extranjero.
La disposición judicial se produce en un momento clave del proceso, cuando las partes habían concluido la fase de presentación de pruebas y se aprestaban a iniciar los alegatos finales de clausura.
Las magistradas consideraron prudente reprogramar el calendario judicial a fin de salvaguardar el derecho a la defensa y garantizar la presencia del procesado Montero Cruz en el desarrollo del juicio.
Para la próxima audiencia, se prevé que el tribunal retome la etapa de conclusiones, instancia en la que los imputados que así lo decidan podrán dirigirse directamente a las juezas para emitir sus declaraciones finales, una vez queden formalmente cerradas las posiciones de las partes.
Con este receso, el proceso entra en una pausa correspondiente al cierre de año, y se reanudará en la primera semana de enero, cuando se definirá el curso legal de los involucrados en la presunta red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral.
En el expediente figuran como acusados el mayor general Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exencargado financiero del Cusep; Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, este último colaborador principal del Ministerio Público.
Asimismo, en la Operación Coral 5G —derivada del caso principal— están imputados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), además del capitán de navío Franklin Mata Flores (ARD) y José Manuel Rosario Pirón.
También enfrentan cargos Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Según la acusación, el grupo habría defraudado al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos mediante nombramientos irregulares y otras prácticas ilícitas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).




