Santo Domingo. – En una sesión de aproximadamente ocho horas, el Senado de la República aprobó, en segunda lectura, el proyecto de reforma del Código Penal sin las causales, con 20 votos a favor de los 22 senadores presentes.
Para Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Investigación y Estudio de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), esta pieza legislativa «es una vergüenza nacional», ya que, en su opinión, lo aprobado por los senadores no representa a la sociedad dominicana actual.
«Esa aprobación en el Senado es una vergüenza nacional. Como sociedad, pagamos a ese Senado para que apruebe leyes que aseguren los derechos de la población. La forma apresurada en que se aprobó, primero sin leerlo y luego leyéndolo rápidamente, demuestra la falta de interés en un tratamiento científico y adecuado de un tema tan delicado como el Código Penal», dijo la activista.
De la Rosa agregó que el proyecto de ley presenta diversas deficiencias, desde errores ortográficos hasta el desconocimiento de los derechos de la mitad de la población, como las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos y vidas. «Somos uno de los cuatro países que penaliza el aborto en absoluto, sin considerar situaciones especiales que el Estado debería asegurar a la mujer», afirmó la directora de IGEF.
A favor del nuevo Código Penal sin causales
Por otro lado, Yvonne Núñez, presidenta del grupo Acción Cristiana, expresó su apoyo al Código Penal aprobado sin las causales, afirmando que respeta la Constitución, cuyo artículo 37 establece la protección de la vida desde la concepción.
«Siempre y cuando el documento proteja el derecho a la vida, la familia, el derecho de los padres y las libertades ciudadanas, entendemos que es lo que corresponde. Ya llevamos más de 20 años esperando este código y la nación lo necesita con urgencia», manifestó Núñez.
Ambas activistas coincidieron en que el proyecto de ley incluye la prescripción de la corrupción y asegura la impunidad de ciertos sectores religiosos, por lo que debe revisarse el tipo de penas y la manera de confirmar las acusaciones y demostrar su veracidad.
La normativa legislativa consta de 419 artículos, estableciendo 72 nuevos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas, sobornos públicos y judiciales, acoso, corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa la pena máxima de 30 a 40 años.
