Si el Poder Ejecutivo no hubiera retirado el polémico proyecto de Modernización Fiscal sometido al Congreso Nacional en octubre, los legisladores se habrían enfrentado a la difícil decisión de eliminar un beneficio vigente desde 1966: la exoneración de impuestos para la importación de vehículos.

Este beneficio ha generado un impacto fiscal significativo. Según datos de la Dirección General de Aduanas, entre 2020 y julio de 2024, el Estado dejó de percibir 2,140 millones de pesos por 499 vehículos importados, de los cuales más de 170 eran de lujo o deportivos.

La propuesta de reforma incluía un artículo clave que buscaba derogar la Ley Núm. 50 de 1966, que permite a los legisladores importar un vehículo libre de impuestos cada dos años, sin restricciones de tipo, marca o modelo. Esta disposición ha sido utilizada para adquirir vehículos de lujo e incluso revender el beneficio, trasladándolo a terceros.

Casos destacados en los datos revelan la magnitud del privilegio. Por ejemplo, el exdiputado Elpidio Báez importó dos Ferrari nuevos, un Porsche nuevo y una Land Rover usada entre 2020 y 2024, acumulando un sacrificio fiscal de 26.4 millones de pesos. Otros nombres resaltan por cifras similares, como Dionisio de la Rosa, actual alcalde de San Cristóbal, con dos Ferrari y un Rolls-Royce usados, representando 25.1 millones de pesos en exoneraciones.

Este tema ha desatado un debate sobre la necesidad de revisar estas ventajas, mientras la reforma fiscal sigue detenida. La discusión pone en el centro el costo de estos privilegios para el país y la urgencia de priorizar una gestión más transparente y equitativa de los recursos públicos.