Santo Domingo,.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, ha fijado para el viernes 28 de junio la fecha en la que se dará el fallo sobre el juicio preliminar de los imputados en una presunta red de corrupción supuestamente liderada por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

El Ministerio Público acusa a Rodríguez, junto con decenas de personas y varias empresas, de formar una red que desfalcó al Estado dominicano por más de 10,000 millones de pesos, desmantelada a través de la operación Medusa. El exprocurador fue arrestado el 29 de junio de 2021, y días después, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo como medida de coerción.

En enero de 2023, el juez Martínez modificó la prisión preventiva por arresto domiciliario, con uso de grillete electrónico y el pago de una fianza de 50 millones de pesos a través de una aseguradora.

Más de 20 acusados de pertenecer a la supuesta red han llegado a acuerdos con el Ministerio Público, devolviendo sumas millonarias a cambio de que se modifiquen las peticiones de cárcel por prisión suspendida, entre otros puntos.

Antes de la decisión del juez, el exprocurador Rodríguez afirmó que «este proceso ha sido llevado, desde antes de iniciar, como el proceso más vengativo y violatorio a los derechos humanos y al debido proceso de nuestra era democrática».

Rodríguez también mencionó que se han planteado más de 30 incidentes que anulan la acusación debido a las numerosas violaciones evidenciadas y desmontadas con más de 1,000 pruebas a descargo. Indicó que, en caso de que el juez llame a juicio, solicitará como testigos a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y al procurador adjunto, Rodolfo Espiñeira.

Según el Ministerio Público, el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, diseñado durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, fue aprobado mediante una «nota manuscrita» firmada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina. La acusación señala que el plan se utilizó para extraer «importantes sumas de dinero» a través de una «sofisticada, sin precedentes y amenazante estructura de cobro de sobornos exigidos a los contratistas, como requisito para ser elegidos como adjudicatarios de las obras».

Se indica que el desfalco al Estado fue de más de 10,000 millones de pesos.