Los expedientes judiciales vinculados a los casos Peme, Renove, Sun Land y Odebrecht —relacionados con el uso de fondos públicos para comprar “paz social”, sobrecostos en compras estatales y sofisticados esquemas de sobornos— han terminado diluyéndose con el paso del tiempo en los tribunales dominicanos.

En estos procesos se agotaron diversas vías que alimentan la percepción de impunidad: retiro de acusaciones por parte del Estado, indultos presidenciales, autos de “no ha lugar” y absoluciones sustentadas en insuficiencia de pruebas.

Estos precedentes han contribuido a consolidar la idea de que, cuando los casos involucran estructuras de poder, tienden a desvanecerse en el sistema judicial.

Peme: el manual del desistimiento

El caso PEME (Programa Eventual Mínimo de Empleo) se considera uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo un expediente por corrupción masiva puede evaporarse en los tribunales.

Con una estafa estimada en RD$1,427 millones, el programa surgió durante el primer mandato de Leonel Fernández (1996-2000) con el objetivo de contener protestas sociales mediante ayudas económicas a jóvenes de barrios conflictivos.

Tras los sometimientos realizados durante el gobierno de Hipólito Mejía, el proceso dio un giro en 2007 cuando el entonces fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, retiró la acusación contra varios imputados alegando falta de pruebas.

Posteriormente, el Ministerio Público retiró los cargos restantes durante el juicio de fondo, lo que derivó en el archivo definitivo del expediente.

Plan Renove: de la condena al indulto

El Plan Renove, iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía para modernizar el transporte público, derivó en un proceso judicial por irregularidades superiores a RD$1,800 millones.

En 2005 se dictaron condenas de entre seis meses y cuatro años de prisión contra varios funcionarios y empresarios. Sin embargo, tras apelaciones y la ratificación de las penas en 2008, el caso tuvo un desenlace político.

El 22 de diciembre de 2008, el presidente Leonel Fernández emitió el decreto 847-08 concediendo indultos, alegando razones de “paz social” ante amenazas de paralización del transporte.

Sun Land: la barrera de la inadmisibilidad

En 2006, el Estado firmó 19 pagarés por US$130 millones con la empresa Sun Land Group para obras públicas sin aprobación congresual.

La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la acción presentada por el Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social Alternativo. Aunque se reconoció la inconstitucionalidad del contrato, el tribunal bloqueó el conocimiento del fondo por falta de “calidad” de los accionantes.

El precedente de Félix Bautista

En una decisión vinculada a esta tendencia, el juez de la instrucción especial Alejandro Moscoso Segarra dictó auto de “no ha lugar” a favor del senador Félix Bautista y otros implicados, alegando el principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.

Odebrecht: el capítulo más reciente

Aunque fue un escándalo continental, el caso Odebrecht tuvo un desenlace especialmente polémico en el país.

La empresa admitió el pago de US$92 millones en sobornos en República Dominicana. Sin embargo, de 14 imputados iniciales, el proceso culminó con dos condenas que posteriormente fueron anuladas por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que absolvió a los acusados al determinar que no hubo violaciones a derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional ratificó la decisión, señalando que el Ministerio Público no logró individualizar a los funcionarios que habrían recibido los sobornos.

La ausencia de auditorías forenses profundas y la exclusión de figuras clave contribuyeron a que la estructura de poder detrás del esquema permaneciera intacta.

Nuevos procesos bajo la sombra del pasado

Mientras expedientes como Calamar, Coral, Camaleón y el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez avanzan en los tribunales, los antecedentes continúan alimentando el escepticismo ciudadano.

Absolución vinculada al caso Coral

En el marco del caso Coral, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Rosa Antonia Disla, acusada de actuar como testaferro de su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza, dentro del entramado que también involucra al mayor general Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán.

El tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público, que pedía cinco años de prisión. Previamente, Disla había sido condenada a cinco años de prisión suspendida, sentencia anulada en apelación que dio lugar a un nuevo juicio culminado con su absolución.

La acusación se centraba en presunto lavado de activos mediante un inmueble en Monte Plata y su vinculación con empresas proveedoras del Estado.

Estos casos continúan siendo referencia obligada en el debate nacional sobre justicia, transparencia y rendición de cuentas, en un contexto donde el paso del tiempo y las estructuras de poder siguen influyendo en el desenlace de los procesos judiciales.