Santo Domingo. La madrugada del 29 de noviembre de 2020 marcó un antes y un después en la historia judicial dominicana. Bajo un operativo sigiloso y de gran despliegue, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició la denominada Operación Antipulpo, una serie de allanamientos y arrestos contra exfuncionarios y empresarios vinculados al poder político.
Entre los primeros arrestados figuraban Alexis Medina Sánchez y Magalys Medina Sánchez, hermanos del entonces expresidente Danilo Medina, junto al ingeniero Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Las detenciones, ejecutadas por el equipo del Ministerio Público liderado por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, respondían a una investigación sobre una red de corrupción que habría desfalcado al Estado con más de RD$5,000 millones.
El poder de los tentáculos
El expediente acusatorio describe un esquema de corrupción estructurado como un «pulpo», con múltiples tentáculos financieros que se extendían a través de instituciones públicas como Fonper, OISOE, Salud Pública, Edeeste, entre otras. La red habría operado al amparo de relaciones familiares con el poder presidencial, adjudicándose contratos millonarios sin licitación, triangulando recursos a través de empresas de carpeta y utilizando testaferros para encubrir los movimientos de capital.
El cabecilla del entramado, según el Ministerio Público, sería Alexis Medina, quien se valió de su condición de hermano del mandatario para asegurar contratos ilícitos, desviar fondos públicos y montar un conglomerado de empresas fantasma. La acusación incluye delitos de asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad de documentos, tráfico de influencias y corrupción administrativa.
De coerción a colaboración
Durante los primeros días de diciembre de 2020, se celebraron las audiencias de medidas de coerción. La jueza impuso prisión preventiva a los principales implicados, incluida la familia Medina Sánchez. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos imputados optaron por colaborar con la justicia.
Uno de los giros más inesperados del caso fue la colaboración del ingeniero Francisco Pagán, quien admitió haber recibido sobornos y actuado como intermediario en operaciones fraudulentas. A cambio, fue condenado mediante procedimiento abreviado a cinco años de prisión, con dos años suspendidos. También Julián Esteban Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo admitieron su participación, lo que derivó en condenas reducidas y devolución de bienes.
Uno de los casos más relevantes fue el de Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien fue excluido del proceso tras entregar voluntariamente un inmueble valorado en más de US$1.5 millones. En total, el Estado ha recuperado más de RD$200 millones entre inmuebles, dinero en efectivo y otros activos.
El juicio más largo y complejo
La formalización de la acusación llegó en diciembre de 2021, y el juicio de fondo se abrió en septiembre de 2023. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por retrasos, recusaciones y audiencias extensas. El Ministerio Público ha señalado a la defensa de aplicar tácticas dilatorias para frenar el avance del juicio.
En enero de 2025, la fiscalía concluyó la presentación de más de 100 testigos y 2,000 pruebas documentales, reafirmando su solicitud de condenas:
- 20 años de prisión para Alexis Medina y el pago de 400 salarios mínimos.
- 15 años para José Dolores Santana y Wacal Méndez.
- 10 años para Carmen Magalys Medina, Fernando Rosa, Carlos Alarcón, Lina de la Cruz y otros.
Además, el Estado dominicano se ha constituido como actor civil y reclama una indemnización de RD$23,903 millones, cifra que representa los daños estimados causados por el esquema de corrupción.
¿Una sentencia inminente?
A mediados de 2025, el juicio entró en su fase final. Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, deberán valorar las conclusiones del Ministerio Público, las pruebas presentadas y la defensa de los acusados antes de emitir sentencia. Si se acoge la acusación en su totalidad, el país vería por primera vez una condena penal significativa contra familiares directos de un expresidente.
El caso ha generado un profundo debate público sobre la impunidad, la corrupción estructural y la independencia del sistema de justicia. Mientras algunos sectores han calificado el proceso como una «venganza política», otros lo ven como una muestra de que «nadie está por encima de la ley».
