La defensa técnica de mayor general Adán Cáceres, imputado en el caso Coral y Coral 5G, denunció este viernes que el terrorismo judicial del Ministerio Público (MP) no tiene límites, no respeta la ley y no se atiene a los principios jurídicos.

Los abogados expresaron que escudándose tras el título de «perseguir la corrupción», a lo largo del proceso penal seguido contra sus defendido, el MP se ha permitido cometer violaciones peores que las que dice perseguir.

“En esta ocasión, ocultó al imputado y a su defensa técnica, la existencia de una querella y de una acusación presentadas en su contra por una entidad particular denominada Fundación Alfredo Nobel, Inc.; la primera depositada hace más de un año y medio y la segunda hace cinco meses; las cuales decidió atender en intimidad con la judicatura, negándole al imputado el derecho de siquiera referirse a las quejas depositadas en su contra”, explican los juristas Cristian Martínez, Romel Jiménez y Francisco Álvarez al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Declaran que la «acusación recién descubierta», fue objeto de discusiones y decisiones jurisdiccionales en las que naturalmente ni Adam Cáceres ni sus abogados participaron.  

“El ocultamiento de dichas actuaciones imposibilitó al acusado referirse a la procedencia o no de esta nueva acusación, a pesar de estar dirigida especialmente en su contra”, hacen saber los abogados.

Abundando sobre este aspecto de la denuncia los juristas revelaron a la prensa   que el asunto denunciado agotó dos grados de jurisdicción y fue enviado al tribunal de origen, antes de que el imputado supiera accidentalmente de su existencia, profundizando el estado de indefensión que desde el principio se propusieron generar.

“Dos grados de jurisdicciones recorrieron el Ministerio Publico y la justicia, a espaldas del imputado, para acabar adulterando la ya corrompida acusación, cuyos mecanismos de formación y promoción, la Jueza Germán criticaba ferozmente, pero, ahora, la Procuradora Germán apoya sumándose al estado de rebeldía que, “En nombre de la Justicia”, celebran los aduladores de estos procesos corruptos cuya finalidad nunca coincidirá con un verdadero hacer de justicia”, aducen.

Los abogados del mayor general Adán Cáceres al hacer un balance final de sus denuncia, afirmaron que las víctimas mortales de «este indecoroso proceder del llamado órgano persecutor», fueron los derechos constitucionales a un debido proceso, a una tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado en un plazo razonable por un juez competente y el derecho del imputado a ser informado en detalle del hecho que se le atribuye.  

¡Que siga la fiesta!, concluyen.